Todo ocurrió según lo previsto. Ocho ciudadanos españoles que viajaban entre los alrededor de 140 integrantes de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens fueron interceptados en la madrugada del martes al miércoles por Israel.
En esta segunda flotilla, mucho menos mediática que la anterior - la Global Sumud -, viajaba la diputada de Más Madrid en la Asamblea, Jimena González. Se enroló como "mujer, feminista, persona trans, madrileña y española", según sus propias palabras. Y ahora, tras el previsible desenlace, la formación de Manuela Bergerot, Mónica García y Rita Maestre han tratado de agitar el tablero político y mediático.
Más Madrid remitió este martes una carta al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y al Gobierno de la Comunidad, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, para que tomen "todas las medidas que estén a su alcance" ante el "secuestro de una diputada electa". Así lo comunicó su portavoz en la Cámara de Vallecas en una rueda de prensa convocada a tal efecto.
Se da la circunstancia de que en paralelo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, informaba en el Congreso de los Diputados que el cónsul de España en Tel Aviv estaba en esos momentos ocupándose de la situación de estos españoles. Albares ofreció estos detalles en la sesión de control al responder al diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien le emplazó a posicionarse en relación con las peticiones de estos nuevos detenidos, que solicitan al Gobierno que plantee una advertencia pública y diplomática a Israel.
La respuesta del presidente de la Asamblea no se hizo esperar. Ossorio envió este mismo miércoles una carta al grupo parlamentario encabezado por Bergerot donde recordaba que es el Gobierno de España el competente para adoptar medidas, tal y como había anunciado poco antes el ministro del ramo.
Además, Ossorio indicaba que la Cámara madrileña no tiene competencias para actuar porque los hechos no se han producido en la Comunidad de Madrid. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Asamblea señala lo siguiente: "los diputados, durante su mandato, no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad de Madrid, sino en caso de flagrante delito" y "la Presidencia de la Cámara, una vez conocida la detención de un diputado o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar o menoscabar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará cuantas medidas sean necesarias y estime convenientes para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Asamblea y de sus miembros".
Esta respuesta del presidente del Parlamento autonómico se une a la ofrecida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en boca de su portavoz subrayó que la Asamblea no ha enviado a ningún diputado "ni a esa flotilla ni a ninguna otra", sino que Jimena González ha decidido enrolarse a "título personal".
"Estamos acostumbrados a que la izquierda trate de sacar banderas para ocultar sus carencias" y los casos de corrupción que acorralan al presidente del Gobierno, opinó el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. "Y Más Madrid se ha convertido en uno de los principales aliados de Pedro Sánchez a la hora de poderle ofrecer excusas".
En este sentido, García Martín incidió en que había sido la diputada de la formación de ultraizquierda quien decidió alistarse en esa "pseudo-flotilla, que no es otra cosa que un instrumento de propaganda y de agitación" porque "ni transportaban nada, ni llevaban nada, ni iban a ayudar absolutamente a nadie". Era simplemente una "performance" para tratar "de esgrimir una bandera que se les ha vuelto a caer" pero con la que "pretenden tapar los escándalos y las carencias que tiene este Gobierno".
"La misión de la flotilla humanitaria sigue siendo de crucial importancia a día de hoy para romper el bloqueo humanitario al que tiene sometido Netanyahu a la población palestina", planteó Bergerot durante su rueda de prensa en donde también reconoció que están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para coordinarse en "todas las gestiones que sean necesarias".
En este punto tomó la palabra la diputada Marta Carmona, quien ha encabezado las conversaciones con el departamento liderado por José Manuel Albares, para confirmar que se ha activado ya la "protección consular". "Emprenderemos acciones legales porque esta acción es absolutamente contraria al derecho internacional y se les ha secuestrado en un acto que está catalogado como piratería", lanzó.