La Comunidad de Madrid destinará 108 millones de euros en 2026 para continuar con la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid, el complejo judicial más grande del mundo, cuyas obras han comenzado este mes de octubre y finalizarán en el primer trimestre de 2029, según recoge el proyecto de Ley para los Presupuestos Generales de la región, cuyo proyecto es aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno.
La Ciudad de la Justicia, que cuenta con una inversión de más de 653 millones de euros y un ahorro de 80 millones anuales para las arcas públicas, reunirá los 378 órganos jurisdiccionales de la capital, actualmente dispersos en 26 sedes, ampliando este espacio en más de un 60%. Tendrá una superficie construida de más de 470.000 metros cuadrados, con un espacio adicional del 30% para absorber el posible crecimiento de la planta judicial durante los próximos 40 años.
El presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local para el próximo año asciende a 1.226,7 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,4% con respecto a 2025. Solo para la modernización de las infraestructuras judiciales de la región, el texto refleja una inversión de 128,6 millones de euros, es decir, 24,7 millones más que en el actual ejercicio.
Por otra parte, el Gobierno regional va a incrementar la partida para la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio hasta los 66,5 millones de euros, 3,6 millones más que en 2025. Este servicio público atendió a más de 70.000 personas el año pasado.
Desde que Isabel Díaz Ayuso ha llegado a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se han inaugurado los nuevos palacios de justicia de San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero y Valdemoro, además de la ampliación de los ubicados en Getafe. Asimismo, se encuentran en diferentes fases de ejecución los nuevos complejos judiciales de Móstoles y Collado Villalba.
Y este mismo martes la presidenta inauguró el de Torrejón de Ardoz, en cuya construcción el Ejecutivo autonómico ha invertido 19,5 millones, que permite la unificación en un único tribunal de instancia las cinco sedes que se encontraban dispersas en la localidad torrejonera.
Este acto coincidió con la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entrega la instrucción en las causas penales a los fiscales y se amplía el mandato del fiscal general del Estado de los cuatro años actuales a los cinco, desvinculándolo así del cese del Gobierno de turno, entre otras novedades.
"Es un giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial, por asaltar la justicia", advirtió la presidenta madrileña durante el acto en Torrejón de Ardoz. "La ya vieja propuesta de que instruya el fiscal es el intento definitivo de controlar la acción penal, puesto que los jueces son independientes e inamovibles, mientras que los fiscales están sujetos a jerarquía y su cúpula es elegida por el Gobierno", explicó Ayuso.
"Si alguien hace años pudo dudar de buena fe de la conveniencia de esta reforma, ahora baste recordarle la imagen de nuestro fiscal general del Estado, procesado y que ni se plantea dimitir. De hecho, está redoblando estos días sus esfuerzos para controlar la carrera fiscal", añadió la presidenta.
En este sentido, Ayuso alertó del "peligro tremendo" que esto supone en la actual situación donde las instituciones están en "manos de personas que han cometido graves delitos y que no respetan el Estado de derecho". "Es, por tanto, un atentado contra el mismo, es un asalto y es un enorme peligro para todos. Porque quienes han cometido esos graves delitos están redactando las leyes, culminando los planes, ponen a Bildu al mando demoliendo las instituciones, como estamos viendo ahora con la Corona. Este golpe a manos de la Fiscalía se suma a la mayor ofensiva a la independencia judicial y fiscal en décadas, que supone de facto la deriva bolivariana de nuestra justicia".
Atención al ciudadano
En otro orden de cosas, el Ejecutivo madrileño también incrementará el dinero destinado a la modernización tecnológica y a la extensión del servicio 012 hasta los 11,1 millones de euros, con el objetivo de consolidar y ampliar la atención prestada a través de las oficinas presenciales y sus canales. Esta cantidad representa una subida del 8,9% con respecto a los presupuestos de 2025.
También, se extenderá la red de las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano a todos los municipios de menos de 50.000 habitantes y llegará a un total de 155 poblaciones que suman 982.185 vecinos. Se beneficiarán de esta ampliación: Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Galapagar, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, San Fernando de Henares, Torrelodones y Villanueva de la Cañada.
Por su parte, la Oficina Central de Atención al Ciudadano se trasladará a la calle Carretas 4, que abrirá sus puertas en el último trimestre de 2026. Será un espacio totalmente accesible e innovador y contará entre sus instalaciones con sala de espera, gestor de turnos, pantallas informativas, puestos de autotramitación, sala multifuncional y facilitadores para orientar, especialmente, a las personas vulnerables, de edad avanzada o con discapacidad. Está previsto que trabajen en esta sede 23 empleados públicos con 13 puestos operativos.