Mónica García ha centrado la defensa del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud —aprobado este martes por el Consejo de Ministros— en una crítica directa al modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Aunque la norma tiene alcance nacional y deroga la Ley 15/1997 para imponer la gestión pública frente a determinadas fórmulas de colaboración "depredadoras" con empresas privadas, la ministra de Sanidad ha presentado a Madrid como el ejemplo principal, y casi único, de lo que a su juicio se debe corregir.
García ha explicado esta mañana en Radio Nacional que su objetivo es "poner coto a la privatización de la sanidad". Lo hará con un anteproyecto que surge como respuesta a los "audios obscenos" conocidos en el ámbito de la sanidad privada los últimos meses. Entre ellos, ha recordado el audio "de un CEO diciendo que había que utilizar las listas de espera para hacer caja" o "que se reutilizan catéteres para hacer la gestión privada de nuestros pacientes públicos más rentable".
A partir de ahí, García se ha apresurado a tratar de desmentir un informe de su propio Ministerio, que señala que el 58% de los hospitales públicos catalanes se gestionan con fórmulas privadas, frente al 14% en la Comunidad de Madrid. La ministra ha asegurado que en Cataluña existen concesiones, pero "sin ánimo de lucro", vinculadas a fundaciones y entidades públicas. "Eso no tiene nada que ver con lo que tenemos en Madrid o lo que tuvimos en Valencia", ha zanjado.
Para García, en Madrid existe una "desviación completamente obscena de dinero" desde los pacientes de la pública hacia empresas privadas. Entiende así que cualquier persona "que crea que nuestro sistema sanitario es uno de los ejes vertebradores de nuestra sociedad, tendría que estar dispuesto a ponerle coto, a no ser que tengas algún interés mercantil o especulador".
Preguntada por si la derogación de la Ley 15/1997 supone el fin de la colaboración público-privada, la ministra ha negado que sea así "en absoluto". Según ha matizado, se mantendrán aquellas fórmulas "sin ánimo de lucro" que funcionan de manera "sana" y se eliminarán únicamente las que resultan "depredadoras".
Es precisamente en estas últimas —las "depredadoras"— donde García ha encasillado a la CAM, al asegurar que en la capital existe "todo un parque temático de fórmulas público-privadas tóxicas, en las que una constructora te construye un hospital y luego te está cobrando un canon durante 35 años".
Al conocer ayer martes la noticia, Ayuso denunció que el Gobierno tiene una "absoluta obsesión" con Madrid. La líder madrileña ve con esta ley la pretensión del Ejecutivo central de "acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid".
"Quiero acabar con esa malversación de caudales públicos, donde el dinero que tenía que ir destinado a la sanidad se va por el sumidero de las empresas privadas"
Ley de Gestión Pública de @Monica_Garcia_G para acabar con el chollo de Ayuso 👇 pic.twitter.com/K2Omathz1z
— Más Madrid (@MasMadrid__) February 11, 2026
Sin embargo, a esta acusación la ministra ha respondido que lo que realmente quiere es "acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso", también con la "malversación de caudales públicos" en la región. Y ha concluido asegurando que parte del dinero que debería destinarse a la pública en Madrid —"el más bajo de toda España"— acaba en el "sumidero de las empresas privadas", que han encontrado "un filón en el gobierno del Partido Popular".