El PSOE se ha volcado este martes en Móstoles y, ante el pleno extraordinario en donde Manuel Bautista debía dar explicaciones por el presunto caso de acoso a una exconcejal de su partido, ha enviado una delegación especial al Ayuntamiento: la vicepresidenta de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa; la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; y la secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales. Los servicios del ayuntamiento les han desalojado dos veces por un exceso de aforo.
La oposición en bloque – incluido Vox- de la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid después de la capital [215.000 habitantes] ha exigido la dimisión del alcalde, quien ha atribuido este caso a "una campaña de humo mediática" instigada por La Moncloa. "No voy a dimitir, voy a defender mi honor, el honor de mi familia, mi presunción de inocencia ante todos y contra todos", ha adelantado Bautista que ha insistido varias veces en ello. "Me considero inocente y en una situación de no querellado", ha señalado toda vez que no le han notificado la querella que esta exedil, número dos de su candidatura en las pasadas elecciones, interpuso contra él.
"He tenido que escuchar y leer que soy un violador, que soy un acosador", ha lamentado el alcalde popular por lo que ha anunciado "acciones legales contra todos" los que han querido mancillar su honor. Y es que ha lamentado que la oposición ha querido utilizar políticamente este caso. "No han pedido investigación, han pedido dimisión inmediata; no han pedido cautela, han dictado sentencia", ha afirmado en el Pleno extraordinario.
En concreto, ha sostenido que en los últimos días se ha producido "una carrera por el titular" y una estrategia para convertir una denuncia sin resolución judicial en "arma arrojadiza". A su juicio, el objetivo no ha sido esclarecer los hechos sino "el desgaste".
No obstante, ha puesto como ejemplos otro casos que afectan al PSOE y que tampoco cuentan por el momento con resolución judicial, como es el de Paco Salazar o el Director Adjunto Operativo [DAO] de la Policía Nacional.
Durante su discurso, también ha apelado al derecho al honor reconocido en la Constitución y ha advertido del impacto de las acusaciones públicas formuladas en sede institucional. "Detrás de cada titular hay una familia", ha afirmado, al reclamar prudencia y responsabilidad, y ha asegurado que lo que está en juego hoy no es únicamente su nombre sino "la solidez" de las instituciones.
El PSOE, por su parte, ha vuelto a pedir su dimisión y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II". Antes del arranque del Pleno extraordinario forzado por la oposición, Candelaria Testa ha censurado ante los medios de comunicación que el PP "no esté pidiendo la dimisión" del regidor mostoleño.
"Está aplicando 25 años después el mismo manual que hicieron con el caso Nevenka. Esto es un caso de libro, es el caso Nevenka II. Y lo único que tiene que hacer este señor esta mañana es absolutamente dimitir", ha lanzado.
Por su parte, el líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado por redes sociales contra el PP, a quien ha acusado de "ignorar y ningunear a la víctima" mientras "mantienen en el cargo al presunto acosador". En redes sociales también se ha expresado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha acusado al PP de desplegar "insultos y amenazas a la víctima" tras 20 días de que se destapara la denuncia.
Así, ha pedido la dimisión de Bautista porque "todo lo que no sea eso, acompañado de disculpas y acompañamiento a la víctima, seguirá haciendo cómplices y encubridores al PP de Ayuso y Feijóo".
El caso Móstoles
El diario El País publicó a principios de mes una información sobre un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".
La información ponía también en el foco al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y en la número tres del partido que preside Ayuso, Ana Millán. De estos cargos se recogían declaraciones en las reuniones que mantuvieron con la exconcejal por su denuncia interna.
Por su parte, el PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.
La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no recibió a la exedil. Por contra, desde el Ejecutivo regional difundieron nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.
Fue la semana pasada cuando el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".