El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha remitido la causa del conocido como 'caso ITV' a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de sentar en el banquillo a la exalcaldesa socialista Noelia Posse y a ocho exmiembros de su equipo de Gobierno por la presunta condonación irregular de una deuda a la empresa que realizaba la ITV en 2020.
Con este trámite el procedimiento queda en manos del tribunal provincial, que deberá convocar una audiencia preliminar y fijar fecha para el juicio oral. Fuentes jurídicas apuntan a Europa Press que la vista podría celebrarse antes del verano.
En esencia, el tribunal tendrá que determinar si la entonces Junta de Gobierno Local perjudicó las arcas municipales al aprobar, por la vía de urgencia, una quita del 50% de la deuda que la empresa ITV Móstoles S.L. mantenía con el Ayuntamiento, reducir el canon anual a 60.000 euros y aplazar el pago del resto hasta 2040, "sin intereses ni recargos".
La magistrada instructora ya dejó por escrito en el auto de apertura de juicio oral que resulta "obvio" el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo adoptado el 20 de octubre de 2020. Según la Fiscalía, los acusados aprobaron la medida "a pesar de contar nuevamente con el informe desfavorable del Interventor que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo, y con una clara conciencia de ilegalidad".
El Ministerio Público sostiene además que, para "tratar de dar externamente una apariencia de legalidad que los acusados sabían que no tenía", el acuerdo se apoyó únicamente en un informe jurídico favorable emitido por el también acusado Francisco Javier Torner, cuando —según el escrito— carecía de competencias para ello. La urgencia, añade la Fiscalía, sirvió para evitar los informes preceptivos del secretario general y del interventor, que ya se habían opuesto.
El resultado, siempre según la acusación pública, fue un perjuicio económico al Consistorio mostoleño "al condonar en 615.000 euros la deuda y bajar el canon a 60.000 euros anuales".
Las acusaciones contra Posse
Noelia Posse, hoy portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tras perder la Alcaldía, se enfrenta a una petición de doce años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, la misma pena que solicita la Fiscalía para el resto de exediles procesados.
Pero no es la única acusación. Según ha publicado La Razón, la acusación popular ejercida por los antes concejales de Más Madrid, Gabriel Ortega Sanz y Susana García Millán, eleva considerablemente el listón y reclama para la exalcaldesa seis años de prisión y quince de inhabilitación por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La misma pena de cárcel se solicita para los exconcejales del gobierno socialista Álex Martín, Aitor Perlines, David Muñoz, Rebeca Prieto, Marisa Ruiz, Lola Triviño, Beatriz Benavides y Natividad Gómez, así como para el tesorero municipal.
Además, esta acusación pide para la mencionada empresa ITV Móstoles S.L. una condena de tres años y seis meses de prisión y una multa con cuota diaria de 5.000 euros.
Todos los exediles, a excepción de Natividad Gómez que es de Podemos, continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que fueron desalojados del Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
Precisamente el propio Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por el PP, se ha personado como perjudicado y ha anunciado que reclamará pena de prisión para Posse por malversación y una responsabilidad civil conjunta que supera los 800.000 euros.