El fin de una era en Navacerrada: el Supremo respalda el cierre que pone en riesgo miles de empleos

El cierre de parte de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada ya es definitivo. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Junta de Castilla y León y la empresa concesionaria, confirmando así la obligación de desmantelar varias pistas situadas en la vertiente segoviana. La decisión pone fin a un litigio de años y da la razón al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La resolución judicial, firme e inapelable, ratifica la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2024, que ya consideró caducada la concesión administrativa de estas instalaciones, cuya vigencia expiró en 2021. En consecuencia, deberá procederse al desmontaje de infraestructuras y a la restauración del entorno natural afectado.

Las razones del cierre

El origen del conflicto se remonta a la decisión del Organismo Autónomo Parques Nacionales de no renovar la concesión de tres pistas –Escaparate, Telégrafo y El Bosque– situadas en el monte público del Pinar de Valsaín, un enclave de alto valor ecológico.

Entre los argumentos defendidos por el organismo dependiente del Ministerio destacan la protección ambiental del entorno –integrado en figuras como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o zonas de especial conservación– y el impacto del cambio climático. Según los datos oficiales, desde los años 70 la temperatura media en la zona ha aumentado cerca de dos grados y la presencia de nieve se ha reducido en torno a un 25%.

Según el Ejecutivo central, a estos motivos se suma la presión humana derivada del uso turístico intensivo, que ha generado problemas de saturación y afección al ecosistema.

Un cierre parcial que no afecta a Madrid

Pese al alcance de la decisión, el cierre no afecta, al menos por ahora, a la vertiente madrileña de la estación. Las pistas objeto de desmantelamiento se encuentran en territorio de Castilla y León, mientras que la zona sur –en el término municipal de Cercedilla–seguirá operativa.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se adelantó a este escenario en 2024, cuando otorgó una concesión de 29 años para garantizar la continuidad de la actividad en su parte de la estación. Esta área incluye zonas como Guarramillas, donde se concentra buena parte de la actividad y de los servicios.

No obstante, desde el Ejecutivo regional existe preocupación por la viabilidad económica global del complejo si desaparece la parte segoviana, clave en el conjunto de la estación.

Gran impacto económico y social

El posible cierre ha generado inquietud en el sector. La Federación Madrileña de Deportes de Invierno ha advertido de que podrían perderse más de 300 empleos directos y hasta 5.000 indirectos vinculados a la actividad turística y deportiva.

Además, colectivos ciudadanos y profesionales han mostrado su rechazo a la medida. Plataformas como Hijos del Guadarrama –surgida tras la desaparición de Salvemos Navacerrada– mantienen su intención de seguir recurriendo la decisión, incluso en instancias europeas, como en el Tribunal de Estrasburgo.

Aunque el Gobierno madrileño no se ha pronunciado oficialmente tras conocerse la última decisión del Supremo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya mostró su rechazo hace años.

En 2023, Ayuso criticó duramente la intención de cerrar la estación, asegurando que respondería a criterios ideológicos. "El Ministerio no es consciente de que, por ideologización, por sectarismo, lo que van a hacer es causar muchísimo daño a la cuna del esquí español, a los puestos de trabajo y a las aficiones libres de muchos ciudadanos", afirmó entonces.

La dirigente madrileña también defendió la necesidad de mantener la actividad y anunció su intención de buscar soluciones para evitar el cierre total de la estación.

Con la vía judicial ya cerrada, el futuro de Navacerrada queda ahora condicionado a la ejecución del desmantelamiento en la vertiente segoviana. Sin embargo, desde la plataforma Hijos del Guadarrama, creen que el cierre total de las pistas podría prolongarse alrededor de un año hasta que se ejecute la sentencia.