El particular caso Faisán de Obama, por sus similitudes con el chivatazo español a ETA, lleva el nombre de Operación Fast and Furious y tiene como protagonistas a los cárteles de la droga mexicanos y a los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EEUU (ATF).
Los hechos se remontan a finales de 2009: en esos meses, la agencia federal puso en marcha una operación que tenía como objetivo seguir el rastro de armas adquiridas por narcos en Estados Unidos y trasladadas después a México. Para conseguir este fin, los agentes de la ATF ordenaron a varias tiendas de armamento en Arizona que vendieran sus armas a todo tipo de clientes, incluidos aquellos sospechosos de ser narcotraficantes. Después, se permitió a los compradores introducir su cargamento en México. El objetivo era rastrear el armamento una vez introducido en el país vecino. Pero sin que aún se conozcan las razones, se terminó perdiendo su rastro.
El resultado es que más de dos mil armas de todo tipo fueron puestas a disposición de los cárteles mexicanos. Y ocurrió lo previsible: comenzaron a ser utilizadas en crímenes de los narcos, incluido el asesinato de un agente fronterizo estadounidense, Brian Terry, en diciembre de 2010. Cuando se descubrió que para matarlo se habían utilizado armas adquiridas en Estados Unidos gracias al dispositivo Fast and Furious, saltó el escándalo. Un agente federal que conocía la operación, John Dodson, se decidió a hablar: él, y otros policías estadounidenses, fueron instados por sus superiores a dejar que las armas llegaran a manos de los narcotraficantes.
La labor de una parte de la prensa hizo que poco a poco salieran a la luz detalles de lo ocurrido. Al tiempo que se recogía el testimonio de Dodson –"lo que la gente no entiende es el tiempo que tendremos que lidiar con esto. Es incalculable cuántos crímenes serán cometidos antes de que logremos recuperarlas"–, se contaban aspectos sobre cómo funcionaba el operativo o qué es lo que se pidió, en concreto, a las tiendas de armas de localidades fronterizas con México.
La cadena Fox, por ejemplo, explicó que se ordenó a los dependientes vender "20, 30 o incluso 40 armas a una sola persona en un solo día", cuando por ley un ciudadano sólo está autorizado a comprar armas que vayan a ser utilizadas por él mismo. "Sigue vendiendo, y cuéntanoslo después", cuentan que respondían los agentes de la ATF cuando los tenderos expresaban sus dudas o cuando sospechaban que se trataba de un traficante. Papeles de la Agencia Federal citados por la cadena muestran que de este modo se permitió que quince hombres se hicieran con 1.725 armas, entre ellas rifles de francotirador y AK-47.
Otro ejemplo es el testimonio de uno de los dependientes a Los Angeles Times. Explicó que vendió a armamento a clientes de los que sospechaba que eran traficantes, y que fue compelido a hacerlo durante quince meses. El dependiente indicó que, a pesar de que estaba ganando mucho dinero, temía que esas armas acabaran siendo utilizadas para matar y le trasladó sus preocupaciones a los policías, que no modificaron sus órdenes.
La magnitud del escándalo, agrandado por el goteo de víctimas de las armas de contrabando –las autoridades mexicanas hablan de al menos 150, pero hay fuentes que elevan esa cifra hasta las 3.000–, hizo que se comenzaran a exigir las primeras responsabilidades políticas. Desde el Gobierno de Obama, quien ha tenido que dar la cara ha sido el Fiscal General, Eric Holder, un cargo gubernamental con las máximas competencias de Interior y de Justicia y de cuyo departamento depende la agencia federal que desarrolló la operación.
El pasado mes de mayo, Holder declaró bajo juramento ante la Comisión de Justicia del Senado. Preguntado sobre cuánto sabía sobre la operación, afirmó que había oído hablar de ella hacía "pocas semanas". Sin embargo, documentos del Departamento de Justicia revelados por la CBS demostraban que se le habían enviado informes al menos desde julio de 2010, algo que alentó las especulaciones sobre que la operación había sido ordenada desde el más alto nivel y que los funcionarios no habían actuado al margen de sus superiores. En una nueva comparecencia en noviembre, y acuciado por informaciones periodísticas apuntando a altos cargos de su departamento, Holder insistió en que él no estaba al tanto de los "detalles" de cada operación desarrollada por sus agentes y prometió que "nunca" volvería a producirse algo similar.
Republicanos y demócratas votaron hace dos semanas en el Senado para que, en efecto, nada similar vuelva a repetirse. La enmienda, presentada por un republicano, establece que el Gobierno no volverá a utilizar fondos para transferir armas a narcotraficantes sin que las autoridades estén controlándolas en todo momento. Pero el acuerdo político no evita que desde el partido republicano se sigan exigiendo responsabilidades para conocer hasta qué punto el Gobierno estaba implicado.
Ante la deriva del escándalo, la cercanía de las elecciones y las crecientes quejas desde México, cuyos gobernantes no fueron informados de lo que estaba ocurriendo, Obama también ha tenido que dar explicaciones. El pasado mes de septiembre declaró ante un grupo de periodistas hispanos que él no estaba al tanto. "Puedo decir de forma inequívoca que no fui informado del programa Fast and Furious", declaró. Pero a los documentos que prueban que Holder lo conocía se suman correos electrónicos cruzados por varios funcionarios de la Casa Blanca que hacen dudar de estas declaraciones.
Hay periodistas estadounidenses que hablan de este asunto como el Watergate de Obama y especulan con que podría ser la causa última de su derrota electoral el próximo año. Pero, a imagen de lo ocurrido con el caso del chivatazo en España, no todos los medios han informado del asunto con la misma intensidad. Y del resto de la prensa internacional, sólo la mexicana, por motivos obvios, ha seguido las revelaciones a lo largo de los meses. En Europa, el asunto apenas ha ocupado espacio en los medios.