L D (Europa Press) Al término del consejo de ministros, De la Vega no pudo precisar si la firma tendrá lugar el próximo lunes, tal como defienden desde Caracas, sino que se limitó a indicar que el titular de Defensa representará al Ejecutivo en la firma de los acuerdos cuando las empresas implicadas los cierren. "Esto es lo que va a ocurrir si finalmente se cierran los acuerdos. Como se dijo en su momento, el Gobierno asistirá a la firma y asistirá en nombre del Gobierno a esa firma entre empresas el ministro de Defensa", aclaró.
Posteriormente fuentes de Defensa confirmaron que Bono tiene previsto viajar en breve a Caracas para asistir a la firma del contrato de la venta de material militar. Este acto está previsto para el lunes, día 28, según el Gobierno venezolano. Las citadas fuentes explicaron que, por el momento, no se ha concretado la agenda de la visita del titular de Defensa ni se ha fijado en qué momento del fin de semana partirá el vuelo con destino a la capital venezolana.
De la Vega recordó que el Ejecutivo suscribió un convenio con Venezuela que se realizó "bajo el más absoluto escrupuloso respeto a la legalidad internacional y ajustado a todos los principios que rigen las relaciones internacionales".
El embajador estadounidense, Eduardo Aguirre advirtió que confiaba en que el Gobierno español rectificase, a lo que De la Vega recordó que este tipo de convenios y actividades son, a su juicio, "habituales en el ámbito europeo" y otros países como "Suecia, Francia, Italia e, incluso, Estados Unidos" han firmado en el pasado acuerdos "muy similares" al que hizo España.
"Ahora de lo que se trata es de acuerdos comerciales entre empresas españolas, que tienen por objeto el llevar a cabo el suministro de cuatro patrulleras de vigilancia costera para luchar contra el crimen organizado y la seguridad, cuatro buques de servicio de guardacostas y doce aviones de transporte CASA", enumeró la vicepresidenta.
De la Vega insistió en que las principales empresas industriales españolas como son Navantia y EADS-CASA desplegarán con estos acuerdos "su actividad en el ámbito internacional" y sobre todo les permitirá "mantener la carga de trabajo de esas mismas empresas".
"Es lo que reclamaban los sindicatos, todos los ayuntamientos e integrantes de las zonas locales en las que están asentadas estas empresas. Van a facilitar una inversión de 2.000 millones de euros, seis años de carga de trabajo para Navantia y 1.600 empleos. En el caso de CASA van a ser 300 empleos durante tres años", concluyó.