LD (EFE) En una carta dirigida a los senadores Patrick Leahy (demócrata) y Arlen Specter (republicano), responsables del Comité Judicial del Senado de EEUU, el secretario de Justicia, Alberto González, les informó de que "el presidente ha decidido no re-autorizar el Programa de Vigilancia Terrorista (TSP, en inglés) cuando expire el actual permiso".
Gonzales dice en su misiva que "cualquier vigilancia electrónica que se realice como parte del TSP se llevará a cabo ahora bajo la aprobación del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional". Este cambio de supervisión para las escuchas telefónicas significa que cualquier tipo de espionaje interno que lleve a cabo el Gobierno federal deberá contar con una aprobación judicial.
Hasta ahora el programa instaurado tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), permitía realizar ese espionaje sin orden judicial, lo que llevó a legisladores y grupos de defensa de las libertades civiles a cuestionar su legitimidad. Además, en agosto del año pasado un juez federal de Detroit (Michigan) declaró que era inconstitucional por cuanto violaba el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la separación de los poderes del estado
Según la Casa Blanca, la ley no exigía la aprobación judicial que, según insistía, era un obstáculo en la lucha contra los terroristas. Al defender el espionaje interno, Bush dijo en el 2002 que su existencia "se ajusta plenamente a mis responsabilidades y facultades constitucionales". Añadió que continuaría autorizando su vigencia "mientras nuestro país afronte la persistente amenaza de Al-Qaeda y otros grupos" terroristas.
Según Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, nunca estuvo en tela de juicio la necesidad de vigilar a presuntos terroristas "sino hacerlo de manera legal y con los debidos resguardos para impedir abusos". Señaló que "contar con una revisión eficiente y sustancial por parte de las cortes es un avance en los esfuerzos para atender esas preocupaciones". Pero también hubo otros legisladores que no quedaron totalmente satisfechos. Por ejemplo, el demócrata John Conyers, presidente del Comité Judicial en la Cámara de Representantes, dijo que "aunque este puede ser un paso en la dirección correcta, no debería desviar la atención del pueblo estadounidenses o del Congreso que busca respuesta a los interrogantes que se han planteado respecto a este programa".