L D (EFE) Los detenidos, sin embargo, negaron estas acusaciones que hicieron las autoridades de Zimbabue y alegaron que se dirigían hacia la República Democrática del Congo para trabajar en la seguridad de una empresa minera. De todos los detenidos, 61 sudafricanos fueron condenados por un tribunal de Zimbabue a doce meses de prisión en septiembre del 2004 por violar las leyes de aviación, inmigración, tenencia de armas y seguridad, y el 15 de mayo regresaron a Sudáfrica después de cumplir la pena.
De los 61 que regresaron, la Fiscalía de Sudáfrica sólo ha encontrado indicios para procesar a ocho integrantes del grupo, la mayoría de ellos los organizadores. Sobre el resto, la acusación cree que nunca supieron la verdadera misión que habían emprendido. El juicio que comienza mañana en un tribunal regional de Pretoria debía haber comenzado el 27 de julio pasado, pero fue aplazado porque para esa fecha uno de los abogados de la defensa fue llamado para actuar como juez en un caso de un Tribunal Superior.
Los ocho procesados están acusados de violar la Ley de Asistencia Militar en el Extranjero, que prohíbe a cualquier ciudadano o residente en este país vincularse a actividades mercenarias sin el permiso de las autoridades, o tomar parte en acciones para derrocar gobiernos. Después de comparecer por primera vez ante el tribunal, en junio del año pasado, el abogado defensor, Alwyn Griebenow, señaló que, muy probablemente, la Fiscalía pedirá una condena de un año de prisión. Incluso, la pena, según Griebenow, puede llegar a quedar en suspenso en cuanto a su cumplimiento, y los acusados tendrán que pagar una multa.
De los 61 que regresaron, la Fiscalía de Sudáfrica sólo ha encontrado indicios para procesar a ocho integrantes del grupo, la mayoría de ellos los organizadores. Sobre el resto, la acusación cree que nunca supieron la verdadera misión que habían emprendido. El juicio que comienza mañana en un tribunal regional de Pretoria debía haber comenzado el 27 de julio pasado, pero fue aplazado porque para esa fecha uno de los abogados de la defensa fue llamado para actuar como juez en un caso de un Tribunal Superior.
Los ocho procesados están acusados de violar la Ley de Asistencia Militar en el Extranjero, que prohíbe a cualquier ciudadano o residente en este país vincularse a actividades mercenarias sin el permiso de las autoridades, o tomar parte en acciones para derrocar gobiernos. Después de comparecer por primera vez ante el tribunal, en junio del año pasado, el abogado defensor, Alwyn Griebenow, señaló que, muy probablemente, la Fiscalía pedirá una condena de un año de prisión. Incluso, la pena, según Griebenow, puede llegar a quedar en suspenso en cuanto a su cumplimiento, y los acusados tendrán que pagar una multa.
En la intentona golpista fue involucrado el hijo de Margaret Thatcher
Uno de los ocho acusados, Victor Dracula, es originario de Angola, y otro, Mzanga Kashama, es de la República Democrática del Congo, pero ambos tienen ciudadanía sudafricana. Al margen de los 61 sudafricanos que regresaron en mayo pasado al país, otros dos antiguos militares de este país, Harry Carlse y Lourens Horn, ya han sido enjuiciados en Sudáfrica por violar la ley contra los mercenarios.
En la operación para derrocar a Obiang, Carlse y Horn tenían la misión de esperar en Zimbabue la llegada del contingente para inspeccionar las armas, pero no fueron procesados en ese país y fueron liberados sin cargos tras pasar seis meses en prisión. En noviembre del 2004, Carlse y Horn fueron sentenciados por un tribunal sudafricano a cuatro años de cárcel por contravenir las citadas leyes y se comprometieron a declarar como testigos de cargo en procesos contra otros implicados en la supuesta intentona a cambio de que sus condenas fueran suspendidas. Además tuvieron que pagar una multa de 75.000 rands (unos 10.000 dólares).
También fue involucrado en la intentona golpista Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, que fue detenido en la ciudad sudafricana de Ciudad del Cabo, donde residía desde hace una década con su familia. Thatcher fue acusado de financiar la compra de un helicóptero que iba a ser utilizado en la intentona golpista, aunque, tras un pacto con la fiscalía sudafricana, se declaró culpable y prometió colaborar con las autoridades. El 13 de enero del año pasado, Thatcher fue sentenciado a cuatro años de prisión, con la condena en suspenso, y a una multa de medio millón de dólares.
Uno de los ocho acusados, Victor Dracula, es originario de Angola, y otro, Mzanga Kashama, es de la República Democrática del Congo, pero ambos tienen ciudadanía sudafricana. Al margen de los 61 sudafricanos que regresaron en mayo pasado al país, otros dos antiguos militares de este país, Harry Carlse y Lourens Horn, ya han sido enjuiciados en Sudáfrica por violar la ley contra los mercenarios.
En la operación para derrocar a Obiang, Carlse y Horn tenían la misión de esperar en Zimbabue la llegada del contingente para inspeccionar las armas, pero no fueron procesados en ese país y fueron liberados sin cargos tras pasar seis meses en prisión. En noviembre del 2004, Carlse y Horn fueron sentenciados por un tribunal sudafricano a cuatro años de cárcel por contravenir las citadas leyes y se comprometieron a declarar como testigos de cargo en procesos contra otros implicados en la supuesta intentona a cambio de que sus condenas fueran suspendidas. Además tuvieron que pagar una multa de 75.000 rands (unos 10.000 dólares).
También fue involucrado en la intentona golpista Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, que fue detenido en la ciudad sudafricana de Ciudad del Cabo, donde residía desde hace una década con su familia. Thatcher fue acusado de financiar la compra de un helicóptero que iba a ser utilizado en la intentona golpista, aunque, tras un pacto con la fiscalía sudafricana, se declaró culpable y prometió colaborar con las autoridades. El 13 de enero del año pasado, Thatcher fue sentenciado a cuatro años de prisión, con la condena en suspenso, y a una multa de medio millón de dólares.