LD (EFE) Rafael Correa, presidente ecuatoriano, se enfrenta a los grupos empresariales y opositores de Guayaquil que se oponen a la creación de una nueva provincia en la localidad de Santa Elena. El decreto de ley fue firmado por el mandatario para después ser enviado al Parlamento. La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, tiene una férrea unidad con la península de Santa Elena, por encontrarse allí varios de los paradisíacos balnearios costeros.
Para ser aprobado, el proyecto necesita de una mayoría simple de votos, es decir, 51 de los cien legisladores que conforman el Congreso, para ser aprobada. Santa Elena, que es un cantón de la provincia de Guayas, exigió ser elevada de categoría en un plebiscito local efectuado en octubre pasado, debido, según las autoridades, a la desatención de sus necesidades básicas por parte del poder local concentrado en la ciudad portuaria de Guayaquil.
Correa, en un efusivo discurso ante las decenas de miles de vecinos que acudieron a la concentración en Santa Elena, ratificó que la provincialización no era una solución a sus problemas, aunque dijo que se someterá a la voluntad de sus habitantes. Culpó a las autoridades locales de Guayas y Guayaquil, afines al conservador Partido Social Cristiano, opuesto a su gestión, de ser las responsables de que Santa Elena haya optado por el enfrentamiento para exigir que sea elevada de categoría jurisdiccional.
Con el aplauso y felicitación de los alcaldes de la región peninsular, el jefe del Estado insistió en que se someterá "a la voluntad de más de doscientos mil peninsulares". Correa añadió que "yo soy sólo un instrumento del poder ciudadano". Enseguida arremetió contra los grupos poderosos de Guayaquil, que han acusado al jefe del Estado de intentar "cercenar" la provincia del Guayas, la más poblada del país.