LD (Agencias)
La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo anunció la creación de dos comisiones de investigación independientes durante su discurso del debate del estado de la Nación, en el que detalló que la iniciativa partió del ministro de Defensa, uno de los principales acusados por los militares amotinados. El hecho de poner en marcha estas comisiones responde a las acusaciones vertidas contra su Gobierno por los militares que se sublevaron el fin de semana y que después de más de 17 horas de alzamiento acabaron por rendirse.
Un grupo de 296 militares, de ellos setenta oficiales, se pertrecharon con armas y explosivos en la madrugada del domingo en un edificio del distrito financiero de Manila, y exigieron la dimisión de la presidenta; de su ministro de Defensa, Angelo Reyes, y del responsable de la inteligencia militar, Víctor Corpus. A todos ellos los acusaron de orquestar los atentados de Davao, ocurridos los pasados meses del marzo y abril, para lograr más ayuda económica estadounidense; de vender armas a los grupos guerrilleros que operan en Filipinas, y de planear una oleada de ataques y así justificar la implantación de la ley marcial.
En relación con la asonada militar del domingo, Macapagal Arroyo dijo que "estas acciones deplorables se encontrarán con toda la fuerza de la ley" y agregó que "son muestra de un problema de fondo que debemos resolver". También agradeció el "sólido apoyo" de la policía durante la crisis y calificó la sublevación de "empresa inconcebible". La mandataria aprovechó su intervención pública para anunciar que el Gobierno iniciará la próxima semana negociaciones con terroristas del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) y el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), los principales grupos insurgentes del país, para lograr un acuerdo definitivo de paz.
Un grupo de 296 militares, de ellos setenta oficiales, se pertrecharon con armas y explosivos en la madrugada del domingo en un edificio del distrito financiero de Manila, y exigieron la dimisión de la presidenta; de su ministro de Defensa, Angelo Reyes, y del responsable de la inteligencia militar, Víctor Corpus. A todos ellos los acusaron de orquestar los atentados de Davao, ocurridos los pasados meses del marzo y abril, para lograr más ayuda económica estadounidense; de vender armas a los grupos guerrilleros que operan en Filipinas, y de planear una oleada de ataques y así justificar la implantación de la ley marcial.
En relación con la asonada militar del domingo, Macapagal Arroyo dijo que "estas acciones deplorables se encontrarán con toda la fuerza de la ley" y agregó que "son muestra de un problema de fondo que debemos resolver". También agradeció el "sólido apoyo" de la policía durante la crisis y calificó la sublevación de "empresa inconcebible". La mandataria aprovechó su intervención pública para anunciar que el Gobierno iniciará la próxima semana negociaciones con terroristas del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) y el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), los principales grupos insurgentes del país, para lograr un acuerdo definitivo de paz.
