L D (EFE) La ONU teme que se puedan producir nuevos atentados contra sus empleados y oficinas tras el asesinato el domingo de una funcionaria francesa de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la ciudad central de Ghazni, y la colocación el pasado día 11 de una bomba en unos locales de Kandahar, en el sur. Bettina Goislard, de 29 años, responsable de la ACNUR en Ghazni desde junio de 2002, ha sido la primera funcionaria internacional de la ONU asesinada en Afganistán desde la caída del régimen ultra integrista islámico de los talibanes a finales de 2001.
El pasado marzo fue asesinado cuando viajaba por una carretera del sur de Afganistán el salvadoreño Ricardo Munguía, empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja, el único trabajador humanitario extranjero muerto de forma violenta en los dos últimos años en el país. Las autoridades afganas han responsabilizado de ambos atentados a terroristas talibanes, que luchan contra el nuevo régimen que encabeza en Kabul el presidente Hamid Karzai.
Karzai dijo este lunes que el asesinato de Goislard fue "un acto hostil llevado a cabo por terroristas contra el pueblo afgano", mientras el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, lo calificó de "atroz y despreciable". La portavoz adjunta de la ONU, María Okabe, declaró en Nueva York que tras la suspensión de los trabajos en el sur y este del país, las operaciones continúan en otras regiones de Afganistán, incluido Kabul, el norte y la región occidental fronteriza con Irán.
La ONU tiene en Afganistán un total de 782 empleados, de los que 87 son extranjeros, y ha pedido a todos ellos que mantengan un comportamiento discreto y en lo posible no salgan de sus casas o alojamientos.