L D (EFE)
Desde su retorno a la democracia en 1986, la sociedad guatemalteca no había vivido momentos de tanta tensión y violencia como ahora cuando se apresta a elegir a sus nuevos gobernantes. "Los actos de intimidación, violación a la vida e integridad personal" de los activistas de oposición han sido la constante, dice ese organismo.
El "Mirador Electoral" está formada por cuatro organizaciones no gubernamentales académicas y de derechos humanos que fiscalizan el proceso electoral de Guatemala. "A la fecha se han suscitado 17 asesinatos de líderes o activistas políticos, doce han sobrevivido a ataques, otros trece han sido amenazados de muerte y once han sido objeto de intimidaciones", señaló el "Mirador Electoral 2003". También subrayó que han ocurrido nueve atentados con arma de fuego dirigidos a viviendas y vehículos conducidos por líderes políticos, así como tres allanamientos y asaltos ilegales a casas de dirigentes de oposición. La violencia desatada en los últimos meses también ha afectado a decenas de mujeres jóvenes, antropólogos forenses, periodistas y activistas humanitarios, entre otros.
Semanas atrás fueron amenazados de muerte varios periodistas y activistas humanitarios y sociales que crearon el pasado 26 de julio el Frente Cívico por la Democracia "para defender el estado de Derecho y la democracia". Este frente surgió después de que miles de simpatizantes del gobernante partido Frente Republicano Guatemalteco protagonizaran violentas protestas para exigir la inscripción como candidato presidencial del general golpista José Efraín Ríos Montt. La Constitución prohíbe la inscripción de golpistas, pese a lo cual la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país, ordenó la inscripción de Ríos Montt. Ríos Montt, de 77 años, actual presidente del Congreso Legislativo, gobernó de facto en Guatemala entre 1982 y 1983, tras haber encabezado un golpe de estado militar que derrocó al presidente Romeo Lucas García.
Organizaciones locales de derechos humanos responsabilizan de los ataques e intimidaciones a los grupos clandestinos de seguridad que supuestamente operan en el país, y que se cree tienen vínculos con organismos del Estado. Hasta el momento no se han producido detenciones, pese a que las autoridades se han comprometido a investigar los hechos, para lo cual incluso creó una comisión que comenzará a funcionar a partir de septiembre.
El "Mirador Electoral" está formada por cuatro organizaciones no gubernamentales académicas y de derechos humanos que fiscalizan el proceso electoral de Guatemala. "A la fecha se han suscitado 17 asesinatos de líderes o activistas políticos, doce han sobrevivido a ataques, otros trece han sido amenazados de muerte y once han sido objeto de intimidaciones", señaló el "Mirador Electoral 2003". También subrayó que han ocurrido nueve atentados con arma de fuego dirigidos a viviendas y vehículos conducidos por líderes políticos, así como tres allanamientos y asaltos ilegales a casas de dirigentes de oposición. La violencia desatada en los últimos meses también ha afectado a decenas de mujeres jóvenes, antropólogos forenses, periodistas y activistas humanitarios, entre otros.
Semanas atrás fueron amenazados de muerte varios periodistas y activistas humanitarios y sociales que crearon el pasado 26 de julio el Frente Cívico por la Democracia "para defender el estado de Derecho y la democracia". Este frente surgió después de que miles de simpatizantes del gobernante partido Frente Republicano Guatemalteco protagonizaran violentas protestas para exigir la inscripción como candidato presidencial del general golpista José Efraín Ríos Montt. La Constitución prohíbe la inscripción de golpistas, pese a lo cual la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país, ordenó la inscripción de Ríos Montt. Ríos Montt, de 77 años, actual presidente del Congreso Legislativo, gobernó de facto en Guatemala entre 1982 y 1983, tras haber encabezado un golpe de estado militar que derrocó al presidente Romeo Lucas García.
Organizaciones locales de derechos humanos responsabilizan de los ataques e intimidaciones a los grupos clandestinos de seguridad que supuestamente operan en el país, y que se cree tienen vínculos con organismos del Estado. Hasta el momento no se han producido detenciones, pese a que las autoridades se han comprometido a investigar los hechos, para lo cual incluso creó una comisión que comenzará a funcionar a partir de septiembre.