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ASOCIACIÓN FRANCESA PARA LA DEFENSA DE MILITARES

Presentan una demanda por homicidio premeditado contra el presidente de Costa de Marfil

Abogados del "Comité del 22 de abril en memoria de los gendarmes de Ouvéa", una asociación para la defensa de los militares, ha presentado en París una denuncia contra el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, a quien señalan como responsable de un delito de "homicidio voluntario con premeditación" tras la muerte de nueve soldados galos durante un bombardeo de aviones militares marfileños en la región de Bouaké.

LD (EFE) La denuncia del "Comité del 22 de abril en memoria de los gendarmes de Ouvéa" contra el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, va dirigida también contra el jefe del Estado mayor del Ejército ivorense, el coronel Philipe Mangour, a quien consideran corresponsable de la muerte de nueve soldados galos.
 
La asociación responsabiliza a Gbagbo y a Mangour de "homicidio voluntario con premeditación", por el ataque aéreo contra las fuerzas francesas estacionadas en Bouaké, en el centro del país. El abogado de la asociación, Eric Dupont-Moretti, mantiene que el presidente Gbagbo "supervisó" el pasado día seis los bombardeos de la aviación ivorense contra el campamento francés de Bouaké y que los aviones que lo llevaron a cabo "despegaron bajo la orden" del coronel Mangou.
 
Con cinco mil adherentes, la asociación "Comité del 22 de abril en memoria de los Como respuesta al ataque de Bouaké, el presidente francés, Jacques Chirac, ordenó la destrucción de la aviación marfileña, lo que dio lugar a un estallido de violencia callejera antifrancesa alentada por los "Jóvenes Patriotas", especialmente en Abiyán. Fruto de esos disturbios "cerca de siete mil personas" (casi la mitad de los residentes franceses en Costa de Marfil) han abandonado la antigua colonia gala, precisó ayer el primer ministro francés, Jean-Francois Raffarin.
 
A iniciativa de Francia, el Consejo de la ONU aprobó el lunes pasado una resolución que establece sanciones para Costa de Marfil por la violación de los acuerdos de paz, entre ellas el embargo inmediato de armas durante trece meses, la congelación de activos y la prohibición de viajar a los individuos que amenazan el proceso de paz y que alientan la xenofobia y el odio hacia los extranjeros.

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