En 2005, estallaba un clamoroso escándalo en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) tras denunciarse en el juzgado un presunto intento de soborno de la concejal Carmen Lobo (ex de IU y vinculada al PSOE, muchos dicen que comprada para la ocasión) por el alcalde, Agustín Pavón (IU), los concejales Antonio Enrique Fraile (ex del PP), José del Castillo (ex del PA), Aureliano Lucas (ex del PP) y el empresario de Bormujos, Eusebio Gaviño. El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla aún no ha fijado, seis años después, la fecha del juicio este extraño caso de presunto cohecho. Y decimos extraño porque la denunciante, Carmen Lobo, fue condenada por el Tribunal Supremo a un año y tres meses de prisión. Y más extraño aún fue que la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, el partido beneficiario del escándalo de Camas, la contratara sólo seis días antes de su inhabilitación oficial como concejal de Camas.
La tránsfuga Carmen Lobo (ex de IU) fue contratada por la Diputación de Sevilla como auxiliar clínica en el Psiquiátrico de Miraflores, donde ya ha trabajado antes en varias ocasiones también contratada por la Corporación provincial en calidad de interina, como en esta ocasión. Ahora, su providencial contratación la salvaba del paro, a pesar de su condena penal, lo que pocas veces sucede.
Se preguntarán los lectores cómo se hacían las contrataciones en la Diputación de Sevilla. Lo podría contar incluso Kiko Veneno, filosocialista de siempre, que trabajaba en algún rincón oscuro de sus dependencias en la década de los 80. No sabemos si sigue o está en excedencia. El PP ya denunció en 1984 el incumplimiento socialista en materia de contrataciones, dando preferencia a sus allegados por diferentes métodos y dejando de lado la convocatoria de las oposiciones, actitud que han mantenido desde entonces. Y también lo denunció el viejo Partido Comunista de Andalucía que veía cómo cualquiera de sus alcaldes que se hacía socialista dejaba de tener problemas de dinero y de adjudicaciones y/o subvenciones. Veían también y cómo no, los enchufes y colocaciones a dedo
Pero vayamos adelante en el tiempo, por si las cosas, con la reflexión y el examen de conciencia, ahora tan de moda con el ejemplo de Pepiño Blanco, hubieran mejoradode tan malas costumbres.
La verdad es que no
El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla denunció el 25 de septiembre de 2008 y con motivo del debate de aprobación de las cuentas anuales del organismo provincial, la "escandalosa" e "inexplicable" entrada de unos 400 nuevos trabajadores en el Ente provincial sin que hubiese mediado oferta de empleo público –la última data de 1998, es decir, hacía más de diez años– y en una época de "crisis, en la que los ayuntamientos se aprietan el cinturón, algunos incluso con Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)".
En las cuentas generales del ejercicio 2006 de la Diputación sevillana aparecían registrados un total de 2.316 empleados, mientras que ya en 2007 se contaban 2.713 trabajadores, casi 400 más, con una bajada en 51 efectivos de los funcionarios de carrera. ¿Cómo habían entrado, pues, estos empleados públicos de la Administración Local? Repárese en que no estamos hablando de personal de libre designación, sino de empleados de la plantilla estructural de la Diputación (de la Relación de Puestos de Trabajo, en términos técnicos)
Naturalmente, el PP registró por escrito una solicitud de explicación sobre las condiciones en que estos trabajadores habían entrado en la Diputación, con petición de documentación e información, "porque si no han entrado por una puerta –en alusión a la oferta de empleo público, cuya última convocatoria fue anulada judicialmente en 2004– han tenido que hacerlo por otra y si no se explica, tendremos que pensar que ha sido el dedo socialista el que lo ha hecho", expresó el entonces portavoz del PP, Juan Bueno.
Dicho de otro modo, en solo un año, el personal de la Corporación sevillana se vio incrementado en casi un 20% - recuérdese, de 2.316 empleados a 2.713 - cubriendo esos puestos de trabajo no a través de una convocatoria pública sino, presumiblemente, a través de "colocaciones" arbitrarias o a lo sumo, procedimientos opacos.
En el mismo informe se comprobaba que se redujo el número de funcionarios, que pasó de 873 en 2006 a 822, pero se incrementaron sustancialmente tanto el número de personal laboral fijo, que pasó de ser 890 a 1.099 empleados, como el de laboral contratado, que en 2007 alcanzó los 695 contratos frente a los 457 del año anterior. Por lo que respecta al personal eventual, en el que se incluyen los cargos de confianza, sólo se incrementó en uno situándose en 97 personas.
La respuesta del Gobierno provincial ante estos hechos fue que esas convocatorias se habían publicado «en los tablones» de la Corporación.[1] El propio presidente socialista de la misma, Fernando Rodríguez Villalobos, arguyó que en la institución se llevaban a cabo muchas contrataciones en virtud de los fondos europeos para justificar el descontrol. Además, explicó que los trabajadores habían entrado en base a procesos de selección "consensuados con los sindicatos" y planes y programas de empleo, reconociendo que tales empleos habían sido ocupados sin conocimiento del público.
Esto es, al menos un gran sindicato, UGT, había participado en el enjuague y los contratados lo habían sido con su consentimiento. Lo decimos porque en la Diputación de Sevilla, incluso Comisiones Obreras ha denunciado el enchufismo. Quizá en esta ocasión fueron cómplices.
La cosa fue tan clara e inexplicable, en términos legales, que hasta el diario socialista "El Correo de Andalucía" tituló: "La Diputación infló la plantilla con 400 contratos en 2007".
¿Saben lo que pasa? Que cuando uno pasa por delante de algunas de las academias de preparación de oposiciones y ve a los chicos y chicas sin padrinos políticos-sindicales partiéndose los codos para aspirar a una oposición legal, leal, formal y cabal, esto es, normal y decente en una democracia donde todos somos iguales en el acceso a la Función Pública..no sabe uno si reír o llorar. Y además, se pregunta uno quién podrá remediar el inmenso daño causado a estos jóvenes y a estas Instituciones.
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[1]Tal procedimiento no es el que ordena la Constitución, que pide convocatorias públicas, publicitadas, abiertas y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.