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Nuevas pruebas contra Chaves en el caso de los ERE

El caso de los ERE sigue sumando capítulos y enfangando supuestamente a cargos del PSOE. En esta ocasión al Consejo de Gobierno de Chaves.

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El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha advertido este lunes de que la Junta de Andalucía ha destinado 7,1 millones de euros en un periodo de seis años, a través de distintos convenios firmados entre 1999 y 2004, a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina, pese a la existencia de un "informe de disconformidad" emitido por el interventor delegado de la Junta, Joaquín Alegre, el 15 de diciembre de 2000.

En rueda de prensa, Sanz ha indicado que esta información se desgrana de la última documentación que la Junta ha enviado a la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, después de que la magistrada hubiera requerido al Gobierno andaluz "en varias ocasiones" más documentación sobre las ayudas a esta empresa.

Sanz ha explicado que hasta ahora "nunca" se había remitido al juzgado o a la Policía Judicial el "importante y revelador" informe de disconformidad emitido por el interventor delegado de la Junta, "que deja, al parecer, definitivamente zanjado el debate mantenido durante todo el año sobre la ilegalidad de la subvención que se pretendía otorgar a la Asociación de Trabajadores de Hijos de Andrés Molina".

Tras asegurar que la Junta ha intentado "tapar la verdad" al haber hecho en su día "un envío parcial y absolutamente desordenado" de la documentación relativa a esta empresa, el dirigente 'popular' considera "de extrema gravedad" que se hiciera un fiscalización previa sobre las ayudas a Hijos de Andrés Molina y que la Junta, "aún sabiendo que se trataban de ayudas ilegales", las concediera.

Asimismo, Sanz ha apuntado que de la información remitida a la justicia se desgrana también que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) habría pagado 2,14 millones "más sobre los convenios suscritos" a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina, habiendo "ocultado intencionadamente" la Junta que durante los años 1999, 2000 y 2001 pagó subvenciones de 4,2 millones.

También ha señalado el 'popular' que constan pagos a Vitalia por importe de 688.346 euros en el año 1999 en concepto de pago parcial de la prima de la póliza que asegura las rentas privadas a cincuenta extrabajadores de la esta empresa, cuando, según ha explicado Antonio Sanz, "lo llamativo de este pago es que posteriormente solo constaba que eran siete trabajadores los que se acogían a la póliza".

Tras preguntarse si este dinero ha sido devuelto, el secretario general del PP andaluz ha dicho que existen además otros convenios con el IFA que pueden tener su origen en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 9 de noviembre de 1999, presidido por el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, "para conceder un préstamo a esta empresa, a cuenta de una futura subvención, aún no otorgada".

Si bien, Sanz ha indicado que como el Consejo de Gobierno sabía que había informes de Intervención "negativos" para poder darles las subvenciones de manera directa, utilizó al IFA. De este modo y, según ha apuntado, la Junta para formalizar las ayudas firmó dos convenios, uno de la Consejería de Empleo con los trabajadores y otro suscrito por la Consejería de Presidencia, cuyo titular era Gaspar Zarrías.

El dirigente del PP andaluz, que ha insistido en la gravedad de que se anticiparan ayudas antes de haberse concedido y en que ello supone "un fraude monumental", ha mostrado también un documento con notas "manuscritas" del exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero y que, según ha explicado, le ha llegado a su formación "de manera anónima".

En dicho escrito se evidencia, a juicio del 'popular', la "manifiesta connivencia" de Guerrero, actualmente en prisión por el caso de los ERE, con la Asociación de extrabajadores de Hijos de Andrés Molina, hasta el punto de conocer el saldo de la cuenta de dicha asociación de 60 millones de las antiguas pesetas, como se pone de manifiesto en el citado documento.

A esto habría que añadir que la sede a la citada asociación estaba ubicada, según ha indicado Sanz, en la calle Orfila número 5 de Sevilla, antigua sede social del despacho Estudios Jurídicos Villasís, cuya actuación está siendo investigada por el juzgado.

Además, el PP-A también insta al Juzgado a investigar el destino de las cantidades, como gastos externos, que fueron incluidas en la prima de la póliza suscrita con Personal Life, "que podría haber llegado a incluir más de un 22 por ciento sobre la prima", según un documento también en poder de los 'populares'.

Por todo ello, este partido ha registrado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un escrito en el que desgrana todas las denuncias formuladas en rueda de prensa por Antonio Sanz, y en el que demanda, a su vez, que se requiera a la Junta el convenio suscrito por la Consejería de Presidencia con el IFA, entre otros documentos.

"Griñán es como un conductor suicida"

Durante su intervención ante los medios, el 'número dos' de los 'populares' andaluces ha considerado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se encuentra "al límite" y en una situación "insostenible" por el caso de los ERE, "desde el punto de vista de ética y de la responsabilidad política". "Todo apunta directamente hacia él: la Guardia Civil, la Cámara de Cuentas, el juzgado y la Intervención de la Junta", ha añadido.

"Griñán es como un conductor suicida que sólo él cree que va por el buen camino y que todos los demás van en el sentido contrario", ha afirmado Sanz, quien ha considerado "inaceptable" la falta de respeto por parte del Gobierno andaluz a las instituciones, refiriéndose así al hecho de que la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, haya "atacado" a la Guardia Civil, tras su informe emitido sobre los ERE, comparándola con "la Inquisición".

"¿La Guardia Civil se lo ha inventado todo?", se ha preguntado el dirigente popular, quien ha insistido en que este asunto "ya no es cosa de un juez, ni una cacería del PP como también se ha dicho". Para el secretario general del PP andaluz, ha quedado de manifiesto que la Junta "no solo ha creado un procedimiento irregular a sabiendas, sino que lo ha utilizado para su provecho electoral".

Finalmente, ha afirmado que la colaboración de la Junta con la justicia ha sido "cero" al enviar información "recortada", lo que, en su opinión, no va a impedir que haya "consecuencias jurídicas de gran magnitud". Además, se ha preguntado si se ha producido "un pacto secreto" entre PSOE-A e IULV-CA para que el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, haga de "guardaespaldas" de Griñán.

"Nos tememos que Valderas sea cómplice para intentar tapar la corrupción", ha apuntado Antonio Sanz, quien ha añadido que ello se verá con el comportamiento de la federación de izquierdas en la comisión de investigación sobre los ERE que se va a crear en el Parlamento andaluz y que, posiblemente, comenzará sus trabajos durante el presente mes de junio.

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