La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación de las presuntas irregularidades denunciadas en Invercaria por el ex director de Recursos de esta sociedad pública de inversión y capital riesgo de la Junta Cristóbal Cantos, según confirmaron el lunes fuentes del caso.
Que el fiscal general haya decidido que el caso Invercaria pase de la Fiscalía de Delitos Económicos a la Fiscalía Anticorrupción implica de hecho una nueva consideración de lo ocurrido en la empresa pública de la Junta de Andalucía. Lo que era tratado como delito económico es ahora delito de corrupción, lo que tiene importantes consecuencias políticas. Además, podrá estar ligado metodológicamente al caso de los ERE, caso que se tramita por la misma rama de la Fiscalía, lo que aporta gran interés al tema por cuanto dentro del caso Invercaria aparecen ayudas injustificadas a empresas que recuerdan el procedimiento del fondo de reptiles aplicado en el caso de los ERE.
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La Fiscalía de Delitos Económicos se encargaba del caso desde el pasado mes de marzo, mes en que estalló el escándalo con un informe de la Cámara de Cuentas y con la publicidad de las grabaciones con que el alto directivo Cristóbal Cantos demostró que los procedimientos utilizados en Invercaria tanto para gestionar ayudas a empresas como para despedir a directivos no podían ser legales. Es más, de hecho, se abrieron diligencias en el Juzgado de instrucción 16 de Sevilla, al que, cuenta EFE, la Fiscalía ya ha notificado el cambio.
El juzgado sevillano mantiene abiertas estas diligencias por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y coacciones para aclarar los criterios de reparto de subvenciones de Invercaria, estudiar presuntos desvíos de fondos y analizar la sujeción de la empresa a los controles de la intervención.
Las diligencias fueron abiertas por la fiscalía ante el informe de la Cámara de Cuentas sobre Invercaria en el ejercicio de 2009, donde denunció hechos como la falta de manual de inversiones, de normas de contratación y el hecho de que tres trabajadores no prestaban sus servicios de forma justificada, con un coste total de 161.861 euros.
Asimismo, Invercaria "no ha podido justificar debidamente que los gastos correspondientes a la tarjeta de crédito del presidente de la empresa por importe de 25.101 euros hayan sido necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de ésta", según el organismo fiscalizador.
Según la Cámara de Cuentas, a 31 de diciembre de 2009 Invercaria participaba en 39 sociedades, de las que 30 se encontraban en pérdidas, dos de ellas no rindieron cuentas y siete obtuvieron beneficios.
El 15 de mayo pasado, Cristóbal Cantos declaró como testigo ante el juez de instrucción 16 y confirmó tanto las presuntas irregularidades en la gestión como las coacciones sufridas por él mismo para que elaborase informes falsos sobre las empresas en las que invertía la empresa.