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El fraude de la barraca de De la Vega

Un inútil empadronamiento fuera de plazo ha acabado resultando en una humillante peripecia judicial para De la Vega.

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Al llegar las elecciones de 2008 la todavía vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, buscó un lugar en las listas acorde con su rango dentro del ejecutivo y el partido. Valenciana de nacimiento, a pesar de que su vinculación con la capital del Turia se limitaba prácticamente a su niñez, ser cabeza de lista por la tercera provincia más poblada de España satisfacía las aspiraciones de la socialista.

Pero esa falta de arraigo era un problema de imagen, especialmente cuando enfrente se encontraba un político valenciano, de peso y más que conocido no sólo en la ciudad sino en toda la Comunidad: Esteban González Pons.

Así que De la Vega decidió empadronarse en Valencia, poder así votar allí y lucir esa vitola de pertenencia que, por otro lado, era completamente innecesaria: independientemente del lugar en el que uno esté empadronado puede presentarse por cualquier provincia, de hecho la propia exvicepresidenta había sido ya diputada por Jaén, Segovia y Madrid en anteriores legislaturas.

De la Vega se empadronó dando como su domicilio una vieja casa, casi una barraca, propiedad de su familia en la localidad de Beneixida, a unos kilómetros de la capital. Aquello provocó el que probablemente sea uno de los mejores momentos de la carrera política de González Pons, que ni corto ni perezoso se presentó en la barraca en cuestión para hacerle, acompañado de un nutrido grupo de periodistas, una visita a su rival en las urnas.

Por supuesto, allí no había nadie.

Un extraño empadronamiento

La polémica no terminó con las elecciones, poco después saltó a los periódicos que el empadronamiento de De la Vega podía estar fuera de plazo y que, por tanto, la socialista no debía haber votado.

Las acusaciones arreciaron, las críticas se hicieron más duras y la respuesta de la exvicepresidenta también: denunció primero a los responsables de la denuncia periodística en Época, su director Carlos Dávila y la autora de la información Maite Alfajeme; y más tarde al propio González Pons.

La justicia, no obstante, ha sido dura con De la Vega: su denuncia contra los periodistas de Intereconomía fue desestimada y su batalla contra González Pons sólo le ha reportado sucesivas derrotas tanto en primera instancia; como en la Audiencia Provincial de Madrid, que además reconoció el carácter irregular del empadronamiento; y, finalmente, otra sentencia humillante también en el Supremo.

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