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El ex director general Rivera admite su responsabilidad en los ERE

La juez le imputa los delitos de malversación, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de denunciar el delito.

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La juez le imputa los delitos de malversación, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de denunciar el delito.

La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha imputado un total de cuatro delitos al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, que durante su comparecencia de este miércoles ha llegado a admitir que "puede tener responsabilidad política, pero no penal". La Junta paga la defensa de este imputado al que destituyó en junio, pese a considerarle el investigador oficial de los ERE en la administración andaluza.

Rivera ha reconocido que en su época en la Dirección General no había fiscalización previa de las ayudas, y añadió que cuando llegó al cargo le dieron las directrices de que no se podían otorgar más ayudas salvo las que el consejero Manuel Recio le dijo que había que resolver porque faltaban pólizas por firmar.

En este sentido, Rivera ha asegurado, pese a presumir de licenciatura en Derecho, que nadie -ni la Secretaria General Técnica, ni la Intervención Delegada, ni los servicios jurídicos- le advirtió de la ilegalidad del procedimiento. El imputado también ha admitido que ni siquiera personas de la agencia IDEA de la Junta le advirtieron de la falta de idoneidad del procedimiento. Pero cuando la juez le ha preguntado quienes serían esas personas que debieron advertirle, no quiso responder.

El País precisa que el alto cargo del Gobierno andaluz hasta hace un mes defendió que ningún responsable técnico ni jurídico le advirtió de que las subvenciones requerían tres fiscalizaciones: una fiscalización previa, otra permanente y un control a posteriori para seguir el rastro del dinero concedido por la Consejería de Empleo. Pero la juez le recordó que había tenido conocimiento del informe del despacho Garrigues de 2009 que alertaba de irregularidades en el procedimiento y descontrol en las ayudas. Rivera admitió haberlo leído pero adujo que la Intervención General, la Intervención delegada en Empleo, el gabinete jurídico y la secretaría general técnica discrepaban del mismo y nunca pusieron pegas al sistema del "fondo de reptiles".

Alaya le recriminó su falta de colaboración

También relata que juez e imputado coincidieron en reconocer el desorden administrativo que suponían los expedientes tras la etapa de Guerrero y Márquez. "Los expedientes eran un desastre y parecían que se habían tirado al aire y luego se habían recompuesto", describió oportunamente Rivera. Alaya, sin embargo, le recriminó su falta de colaboración con la instrucción judicial, y le acusó de haber seleccionado apuntes manuscritos que no envió al juzgado. También coincidieron en que la Dirección General de Trabajo gestionó "expedientes administrativos" que envió a la juez y en paralelo otros "expedientes de trabajo" que incluían post-it y demás anotaciones, y que permanecen aún en la consejería.

Además, Alaya le indicó que Empleo debía haberle enviado su investigación realizada junto a los auditores de la Cámara de Cuentas, que identificó 323 personas sospechosas de recibir pagos irregulares, incluidos 126 intrusos y 11,3 millones defraudados, unos datos que aún espera recibir la juez.

Se le imputan cuatro delitos

Alaya acusa a Rivera de haber prorrogado el sistema desarrollado por los ex directores generales Javier Guerrero -en prisión preventiva- y Juan Márquez -imputado en la causa-. A pesar de que Rivera sustituyó la encomienda de gestión por la transferencia de financiación para los pagos, la juez estima que el cambio normativo también careció de una fiscalización adecuada. El ex alto cargo concedió 42 millones en ayudas del fondo para empresas en crisis entre 2010 y 2012, gracias a un procedimiento que la juez considera ilegal. Este ha reconocido haber tomado conciencia de que se habían otorgado ayudas por valor de 70 millones de euros sin procedimiento en el otoño de 2010 pero que había 6.000 prejubilados que tenían que cobrar.

Mercedes Alaya le ha imputado cuatro delitos continuados: malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. Para apoyar su decisión, la juez subrayó las ayudas directas concedidas a las empresas Acyco y Elizana, o las ayudas sociolaborales a Astilleros con el fin de salvar la construcción naval en Sevilla y Huelva. Alaya recordó además que autorizó pagos a Surcolor sin haber comprobado que se incluyeron dos intrusos -personas ajenas a las empresas beneficiadas- en su póliza.

Además, la magistrada ha preguntado a Rivera por qué las ayudas no se publicaron en el BOJA y por qué incumplieron la normativa europea. Rivera dijo no saber y que nadie le informó de tal obligación.

Antes de la declaración, la juez había desestimado la recusación contra ella que planteó Rivera por "extemporánea". El ex director general se ha quejado del retraso de casi cinco meses en resolver un recurso contra su imputación. Y Alaya ha replicado: "Están a mi cargo diversas macrocausas, que disponen de varias habitaciones repletas de documentación solo para ellas".

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