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El Gobierno se escuda en la "independencia judicial" y mira para otro lado

El Gobierno niega viraje en la política contra ETA, pero algunas voces del PP admiten "un problema" con las víctimas y parte del electorado.

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No hubo sorpresas en el seno del Gobierno. De hecho, horas antes de que el juez tomara una decisión, círculos políticos del Partido Popular daban por descontado que Bolinaga conseguiría el salvoconducto para salir de prisión. Tanto es así que, incluso, un alto cargo de la dirección nacional se anticipaba y barajaba la estrategia a seguir para acallar las voces críticas que “tal vez, y posiblemente con razón” vuelvan a alzar su voz en contra de la política antiterrorista.

Con el juego de cartas ya conocido de antemano, el Ejecutivo tan solo tuvo que ampararse en la teórica independencia judicial para no añadir un pero al dictamen del magistrado. Más aún: se remachó el “respeto total”a la palabra del juez “porque ya no estamos en otros tiempos”, en voz de un alto cargo de la administración. “Nos guste o no nos guste, acatamos las resoluciones judiciales. Estamos en un estado de Derecho y Bolinaga debería de dar las gracias por vivir en España”, insistió un portavoz autorizado.

Todos miraron de inmediato al ministerio del Interior. Ni Justicia, su teórica cartera amiga, ni el gabinete del presidente del Gobierno quisieron hacer una valoración oficial al respecto. “Esto corresponde” a Jorge Fernández Díaz, es “su lío”, añadieron. Mariano Rajoy quiso así descargar en su ministro toda la responsabilidad sobre el caso, convertido en escándalo por cargos de su propia formación, pese a estar “informado, como no podía ser de otra forma”.

El Gobierno niega tajante un viraje en la lucha contra ETA y, ni mucho menos, una negociación. Pero el Consejo de Ministros, que este viernes se reúne pese a ser último de agosto, es consciente de que una parte de su base electoral no lo ve así, y existe preocupación: “Algo tenemos que hacer porque empieza a extenderse la percepción de que somos como Zapatero”, en voz de un miembro del PP, que aseguró que pide soluciones en privado. Se baraja, por ejemplo, una nueva ronda con las asociaciones de víctimas del terrorismo, con el añadido de las elecciones vascas a la vuelta de la esquina.

Si en el propio Ejecutivo las aguas bajan revueltas -es sintomático que ni Justicia ni Moncloa derivaran a Interior-, más aún en el partido que le sustenta en el poder, con un miembro de su equipo de dirección -Jaime Mayor Oreja-, una presidenta autonómica clave -Esperanza Aguirre- y ni más ni menos que su presidente de honor -José María Aznar-, reclamando a voz en grito más firmeza contra ETA. “Es verdad que tenemos un problema, que el PP no es una sola voz en esta materia y que tenemos que hacer algo”, admitió un estratega popular, ya con la noticia en todas las portadas digitales, y reconociendo que la noticia “era esperada”.

A micrófono cerrado pronto se escucharon las primeras críticas. “¿Qué va a decir Rajoy? ¿Qué vamos a hacer cuando las víctimas se pongan en huelga de hambre o hagan manifestaciones? ¿Las acompañamos o las dejamos solas?”, ponía encima de la mesa un histórico popular, con cargo en Europa. Las quejas podrían ir a más en las próximas horas, a no ser que Génova consiga imponer su consigna. Minutos después del auto de poner el semáforo en verde para Bolinaga, Leopoldo Barreda -como voz autorizada- ya marcaba la senda y justificaba la nueva realidad penitenciaria, pese a que el carcelero de Ortega Lara ni ha pedido perdón a las víctimas ni mostrado arrepentimiento alguno.

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