LD (EFE) El ayuntamiento de Irun ha seguido del pasos del consistorio de Pamplona y ha hecho cumplir el auto de suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV). El pleno aprobó que el grupo proetarra quedara disuelto y se le retirara la asignación económica a la que tenía derecho.
La decisión se tomó con los votos a favor de los doce ediles del PSE y los cuatro del PP. Los cuatro representantes del PNV y los dos de IU se han abstenido mientras que los tres de ANV han votado en contra. De esa manera se daba cumplimiento al auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que indicaba que "todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales" de ANV deben ser "suspendidas", aunque esta medida no afecta a las "personas individuales".
Durante el debate plenario el portavoz de ANV, Peio Gascón, ha advertido de que "esta decisión va a tener consecuencias y todos las vamos a padecer", por lo que el alcalde, el socialista José Antonio Santano, le ha pedido que aclarara esa afirmación. En respuesta, el pro etarra se limitó a indicar que la consecuencia es que su formación va a dejar de cobrar la asignación como grupo y que evidentemente lo van a padecer.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha subrayado que las palabras de los ediles de ANV suponen una "amenaza mafiosa en toda regla", lo que demuestra a su juicio la idoneidad de la suspensión de sus actividades.