La Sala Penal del Tribunal Supremo señala que la denuncia peca de imprecisión por lo que es inviable, ya que el delito de calumnias e injurias exige concretar la persona ofendida, funcionario público o autoridad, lo que no ocurre en este caso. Miguel Bernard, el secretario general de Manos Limpias, explicó que los denunciados profirieron declaraciones como que "algún juez que formó parte del tribunal que condenó a Rafael Vera ha percibido fondos reservados", o que "hay jueces a los que se les puede atribuir la misma conducta que a Rafael Vera".
Además, el Supremo indica que "la compleja relación" entre el derecho al honor y la libertad de expresión "suele decantarse en pro de esta última cuando de asuntos de interés general se trata, y en especial cuando afecta a las personas públicas". El Supremo añade que la libertad democrática debe ser preeminente por constituir un medio insustituible de formación de opinión pública, base de todo Estado democrático.