L D (EFE)
Para el abogado de Batasuna, Iñigo Iruin, la Sala Especial del Supremo que tramita la demanda presentada por la Fiscalía General del Estado y el Abogado del Estado sólo ha podido acreditar que la formación abertzale no ha condenado los atentados de ETA y, en su opinión, ésta no es una causa de ilegalización. "La única conducta reiterada que los demandantes han podido imputar y acreditar a Batasuna es la referida a la no adhesión y abstención o vía silencio de los comunicados o acuerdos institucionales de condena a atentados de ETA", señaló Iruin.
El letrado añadió que, según la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, esta circunstancia "no es causa bastante para decretar la ilegalización de un partido y disolverlo". "El Tribunal de Estrasburgo exige un apoyo directo, expreso, real y efectivo al terrorismo, además de una invitación directa a la práctica de la violencia, y es evidente que unas conductas de silencio" no constituyen ningún delito según esta doctrina, en opinión de la representación legal de Batasuna. Para el letrado, ni el Ministerio fiscal ni el abogado del Estado "han podido acreditar ni una sola conducta" imputable a Batasuna que se contemple en la Ley de Partidos, por lo que solicita en su escrito de alegaciones que la sentencia sea favorable a ellos.
El escrito, de 150 folios, señala que "numerosos hechos de los reseñados por el abogado del Estado y el fiscal en sus respectivos escritos de demanda han quedado huérfanos de prueba, en especial aquellos que se han pretendido sustentar en informaciones de prensa, en boletines internos de ETA (Zutabe y Zutik) o en referencias documentales contenidas en resoluciones judiciales del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional". Añade que "numerosos hechos se han evidenciado como erróneos o falsos", y cita declaraciones como las de Iñigo Balda o Josu Ternera, además de la relación de personas de Batasuna condenadas. Batasuna destaca también que "existe un número amplio de conductas que son absolutamente irrelevantes" para la ilegalización, como portar una pancarta con un "símbolo legal o un chupinazo alternativo".
Esta formación considera que algunos de los hechos formulados en la demanda, además de no estar acreditados, sucedieron antes de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, y pone como ejemplo la supuesta cesión de censos electorales a ETA. Además, Batasuna ha reiterado la petición al Supremo para que presente ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad antes de resolver la sentencia, ya que estima que algunos puntos del artículo 9 de la Ley de Partidos vulneran derechos fundamentales como el de expresión, asociación y participación política, entre otros. Iruin explicó que, si el Supremo tramitara dicha petición, debería dar traslado a las partes para que en el plazo de diez días se pronuncien antes de resolver mediante un auto si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad.
Fuentes del alto tribunal explicaron que es poco probable que la Sala Especial acepte esta petición y que su intención es dictar la sentencia sobre la ilegalización de HB-EH-Batasuna dentro del plazo de veinte días que marca la ley.
El letrado añadió que, según la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, esta circunstancia "no es causa bastante para decretar la ilegalización de un partido y disolverlo". "El Tribunal de Estrasburgo exige un apoyo directo, expreso, real y efectivo al terrorismo, además de una invitación directa a la práctica de la violencia, y es evidente que unas conductas de silencio" no constituyen ningún delito según esta doctrina, en opinión de la representación legal de Batasuna. Para el letrado, ni el Ministerio fiscal ni el abogado del Estado "han podido acreditar ni una sola conducta" imputable a Batasuna que se contemple en la Ley de Partidos, por lo que solicita en su escrito de alegaciones que la sentencia sea favorable a ellos.
El escrito, de 150 folios, señala que "numerosos hechos de los reseñados por el abogado del Estado y el fiscal en sus respectivos escritos de demanda han quedado huérfanos de prueba, en especial aquellos que se han pretendido sustentar en informaciones de prensa, en boletines internos de ETA (Zutabe y Zutik) o en referencias documentales contenidas en resoluciones judiciales del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional". Añade que "numerosos hechos se han evidenciado como erróneos o falsos", y cita declaraciones como las de Iñigo Balda o Josu Ternera, además de la relación de personas de Batasuna condenadas. Batasuna destaca también que "existe un número amplio de conductas que son absolutamente irrelevantes" para la ilegalización, como portar una pancarta con un "símbolo legal o un chupinazo alternativo".
Esta formación considera que algunos de los hechos formulados en la demanda, además de no estar acreditados, sucedieron antes de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, y pone como ejemplo la supuesta cesión de censos electorales a ETA. Además, Batasuna ha reiterado la petición al Supremo para que presente ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad antes de resolver la sentencia, ya que estima que algunos puntos del artículo 9 de la Ley de Partidos vulneran derechos fundamentales como el de expresión, asociación y participación política, entre otros. Iruin explicó que, si el Supremo tramitara dicha petición, debería dar traslado a las partes para que en el plazo de diez días se pronuncien antes de resolver mediante un auto si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad.
Fuentes del alto tribunal explicaron que es poco probable que la Sala Especial acepte esta petición y que su intención es dictar la sentencia sobre la ilegalización de HB-EH-Batasuna dentro del plazo de veinte días que marca la ley.