L D (EFE)
La decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha adoptado por unanimidad. Da respuesta así al recurso interpuesto por la Fiscalía General para impugnar la composición que el presidente del TSJPV, Manuel Zorrilla, decidió el pasado viernes. Jesús Cardenal considera que no se ajusta a lo establecido a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Zorrilla decidió nombrar a tres magistrados más para romper el empate existente en la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV encargada de decidir sobre la admisión a trámite de la querella contra Atutxa y dos miembros más de la Mesa del Parlamento: Conchi Bilbao y Gorka Knorr. La fractura en el seno de la Sala había quedado de manifiesto: Zorrilla, muy relacionado con el dirigente del PNV Emilio Olabarría, era contrario a la admisión de la querella. Una postura que secundaba la magistrada Nekane Bolado. Antonio García y Roberto Sáiz sostenían que debía investigarse la negativa del presidente del Parlamento vasco a acatar una resolución del Supremo.
Para romper el empate se nombraron tres nuevos magistrados. La Razón adelantó que uno de ellos, Manuel Díaz de Rábago, rechazó públicamente la ilegalización de Batasuna y comparó este proceso con la “guerra sucia” de los gobiernos socialistas. Otro, Enrique Torres, rechazó ceder las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para que el “Foro de Ermua” entregase el premio “Carmen Tagle”. La otra magistrada es María Abelleira.
Suspensión por unanimidad
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que ante el recurso del Ministerio Fiscal y ante la "presumible irregularidad" en la composición de esta Sala, la Comisión decidió por unanimidad la "suspensión cautelar". "En estos momentos desconocemos si en la Sala de gobierno del TSJPV se han establecido turnos diferentes para completar Salas cuando faltan magistrados" y si los llamamientos realizados para configurar la Sala de Discordia "se han acomodado o no a las previsiones legales", matizó.
Para poder determinar si se ha incumplido el reglamento, que se decidirá en la reunión ordinaria del Pleno del CGPJ el día 23 de julio, se ha solicitado al secretario de Gobierno del TSJPV información para que "nos certifique la existencia de turnos preestablecidos anualmente y cuál es el uso que se ha hecho de esos turnos".
Azkarraga califica de "mafia" al Poder Judicial
El consejero de Justicia del Gobierno Vasco denunció "la interferencia del poder político en el ámbito de la justicia" y subrayó que éste "no es un problema entre instancias judiciales, entre el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, por un lado, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco", por otro. En su opinión, se trata de un problema del Gobierno español, "que no puede permitir que haya jueces independientes, que haya una Sala de la Discordia, que de manera absolutamente independiente defina lo que tiene que ser o no la admisión a trámite de la querella".
En este sentido, Azkarraga acusó al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de "estar hundiendo su prestigio profesional y lo que es peor, la Justicia", pero indicó que no va a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para evitar que "le ascienden más". "Esto funciona como la mafia, yo conformo el órgano que me va a dar la razón, porque si no me va a dar la razón enseguida lo cambio, y eso es lo que ha hecho el CGPJ".
Por contra, el consejero vasco defendió la "profesionalidad" y la "independencia" del presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla, o de otros jueces que debían conformar la Sala de la Discordia como Manuel Díaz de Rábago y aseguró que "el presidente del CGPJ y el fiscal general del Estado no les llegan ni a la suela de los zapatos".
Zorrilla decidió nombrar a tres magistrados más para romper el empate existente en la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV encargada de decidir sobre la admisión a trámite de la querella contra Atutxa y dos miembros más de la Mesa del Parlamento: Conchi Bilbao y Gorka Knorr. La fractura en el seno de la Sala había quedado de manifiesto: Zorrilla, muy relacionado con el dirigente del PNV Emilio Olabarría, era contrario a la admisión de la querella. Una postura que secundaba la magistrada Nekane Bolado. Antonio García y Roberto Sáiz sostenían que debía investigarse la negativa del presidente del Parlamento vasco a acatar una resolución del Supremo.
Para romper el empate se nombraron tres nuevos magistrados. La Razón adelantó que uno de ellos, Manuel Díaz de Rábago, rechazó públicamente la ilegalización de Batasuna y comparó este proceso con la “guerra sucia” de los gobiernos socialistas. Otro, Enrique Torres, rechazó ceder las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para que el “Foro de Ermua” entregase el premio “Carmen Tagle”. La otra magistrada es María Abelleira.
Suspensión por unanimidad
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que ante el recurso del Ministerio Fiscal y ante la "presumible irregularidad" en la composición de esta Sala, la Comisión decidió por unanimidad la "suspensión cautelar". "En estos momentos desconocemos si en la Sala de gobierno del TSJPV se han establecido turnos diferentes para completar Salas cuando faltan magistrados" y si los llamamientos realizados para configurar la Sala de Discordia "se han acomodado o no a las previsiones legales", matizó.
Para poder determinar si se ha incumplido el reglamento, que se decidirá en la reunión ordinaria del Pleno del CGPJ el día 23 de julio, se ha solicitado al secretario de Gobierno del TSJPV información para que "nos certifique la existencia de turnos preestablecidos anualmente y cuál es el uso que se ha hecho de esos turnos".
Azkarraga califica de "mafia" al Poder Judicial
El consejero de Justicia del Gobierno Vasco denunció "la interferencia del poder político en el ámbito de la justicia" y subrayó que éste "no es un problema entre instancias judiciales, entre el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, por un lado, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco", por otro. En su opinión, se trata de un problema del Gobierno español, "que no puede permitir que haya jueces independientes, que haya una Sala de la Discordia, que de manera absolutamente independiente defina lo que tiene que ser o no la admisión a trámite de la querella".
En este sentido, Azkarraga acusó al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de "estar hundiendo su prestigio profesional y lo que es peor, la Justicia", pero indicó que no va a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para evitar que "le ascienden más". "Esto funciona como la mafia, yo conformo el órgano que me va a dar la razón, porque si no me va a dar la razón enseguida lo cambio, y eso es lo que ha hecho el CGPJ".
Por contra, el consejero vasco defendió la "profesionalidad" y la "independencia" del presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla, o de otros jueces que debían conformar la Sala de la Discordia como Manuel Díaz de Rábago y aseguró que "el presidente del CGPJ y el fiscal general del Estado no les llegan ni a la suela de los zapatos".