L D (EFE)
La Cámara respaldó el proyecto de bloqueo de financiación del terrorismo con 278 votos a favor y 12 abstenciones y rechazó las enmiendas parciales presentadas por los grupos. El proyecto de ley fue aprobado por el Gobierno el 1 de marzo de 2002, pero durante más de diez meses su tramitación parlamentaria ha permanecido estancada, a pesar de que PP y PSOE estaban de acuerdo en su contenido y que los grupos presentaron sus enmiendas hace diez meses. La Comisión de Vigilancia estará adscrita al Ministerio del Interior, presidida por el secretario de Estado de Seguridad y compuesta por vocales designados por el Fiscal General del Estado y los Ministerios de Interior, Justicia y Economía.
Esta norma da respuesta a la resolución de Naciones Unidas que ordenó a los Estados que congelaran los fondos financieros de los terroristas y de sus grupos de apoyo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según la norma, el bloqueo que acuerde la Comisión de Vigilancia tendrá carácter preventivo, puesto que se trata de evitar acciones criminales que, en su caso, deberán ser estudiadas por el juez competente. La autoridad judicial podrá revisar la corrección, finalidad y proporcionalidad de las actuaciones de la Comisión y será la encargada de decidir si las medidas pueden prolongarse más allá del mínimo indispensable. Una de las modificaciones que se van a introducir en la ley, según pactaron PP y PSOE, será que la prórroga del acuerdo inicial de la inmovilización de las cuentas la fije el juez en un plazo máximo de quince días desde que se haga la petición.
Durante su intervención ante el pleno, el portavoz del grupo socialista, Javier Barrero, manifestó que esta norma es una "buena ley" oportuna y necesaria y una "buena" norma, cuyo objeto fundamental es luchar contra el terrorismo. El portavoz de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, señaló que aparece en el texto una discrecionalidad que desemboca en "una auténtica autotutela administrativa asumiendo competencias del Poder Judicial", mientras que el de CiU, Manuel Silva, indicó que es necesario compatibilizar la garantía del derecho a la intimidad con la eficacia en la lucha contra el terrorismo. Por parte del PP, Ana Torme justificó el rechazo a las enmiendas alegando que las potestades de la Comisión no afectan a derechos fundamentales y que por ello no es necesaria una autorización judicial.
La Cámara también ha dado el visto bueno, por 293 votos a favor frente a 2 abstenciones, a otro proyecto de ley que regulará los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea y que permitirá una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo. En el debate, los representantes de CiU, IU, PNV y EA destacaron que el proyecto de ley ignora la existencia de las policías autonómicas y reclamaron que estén en plena igualdad con las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, el PP introdujo una enmienda transaccional, pactada con CiU, de modo que la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra podrán acceder a la información sobre las investigaciones de estos equipos cuando resulten de interés para el ejercicio de sus competencias.
Esta norma da respuesta a la resolución de Naciones Unidas que ordenó a los Estados que congelaran los fondos financieros de los terroristas y de sus grupos de apoyo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según la norma, el bloqueo que acuerde la Comisión de Vigilancia tendrá carácter preventivo, puesto que se trata de evitar acciones criminales que, en su caso, deberán ser estudiadas por el juez competente. La autoridad judicial podrá revisar la corrección, finalidad y proporcionalidad de las actuaciones de la Comisión y será la encargada de decidir si las medidas pueden prolongarse más allá del mínimo indispensable. Una de las modificaciones que se van a introducir en la ley, según pactaron PP y PSOE, será que la prórroga del acuerdo inicial de la inmovilización de las cuentas la fije el juez en un plazo máximo de quince días desde que se haga la petición.
Durante su intervención ante el pleno, el portavoz del grupo socialista, Javier Barrero, manifestó que esta norma es una "buena ley" oportuna y necesaria y una "buena" norma, cuyo objeto fundamental es luchar contra el terrorismo. El portavoz de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, señaló que aparece en el texto una discrecionalidad que desemboca en "una auténtica autotutela administrativa asumiendo competencias del Poder Judicial", mientras que el de CiU, Manuel Silva, indicó que es necesario compatibilizar la garantía del derecho a la intimidad con la eficacia en la lucha contra el terrorismo. Por parte del PP, Ana Torme justificó el rechazo a las enmiendas alegando que las potestades de la Comisión no afectan a derechos fundamentales y que por ello no es necesaria una autorización judicial.
La Cámara también ha dado el visto bueno, por 293 votos a favor frente a 2 abstenciones, a otro proyecto de ley que regulará los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea y que permitirá una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo. En el debate, los representantes de CiU, IU, PNV y EA destacaron que el proyecto de ley ignora la existencia de las policías autonómicas y reclamaron que estén en plena igualdad con las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, el PP introdujo una enmienda transaccional, pactada con CiU, de modo que la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra podrán acceder a la información sobre las investigaciones de estos equipos cuando resulten de interés para el ejercicio de sus competencias.