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PARA ADECUAR EL TEXTO AL NUEVO TRATADO DE LA UE

El Consejo de Estado matiza que la reforma constitucional no exigirá disolver las Cortes

Después de la negativa inicial y tras la exigencia de PP e IU, el Consejo de Ministros ha decidido consultar al Constitucional sobre la reforma de la Carta Magna para adaptarla al nuevo Tratado de la UE. Así lo había recomendado el Consejo de Estado, que ahora matiza que su dictamen fue interpretado de forma "errónea" y precisa que podría hacerse la reforma constitucional sin disolver las Cortes ni convocar nuevas elecciones.

Después de la negativa inicial y tras la exigencia de PP e IU, el Consejo de Ministros ha decidido consultar al Constitucional sobre la reforma de la Carta Magna para adaptarla al nuevo Tratado de la UE. Así lo había recomendado el Consejo de Estado, que ahora matiza que su dictamen fue interpretado de forma "errónea" y precisa que podría hacerse la reforma constitucional sin disolver las Cortes ni convocar nuevas elecciones.
L D (EFE) La consulta al TC se produce después de que esta semana el Gobierno y el PSOE consensuaran con PP e IU la decisión ante la necesidad de reformar la Carta Magna y adecuarla al nuevo Tratado de la UE. Esa recomendación ya la incluía el Consejo de Estado en el dictamen que envió al Gobierno aunque ha sido matizado una semana después.

El presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente, ha precisado ahora que la reforma de la Carta Magna sería posible por una vía que evitara la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones. A su juicio, el dictamen que elevó al Gobierno se interpretó de forma "errónea", puesto que se limitaba a recomendar la consulta previa al Tribunal Constitucional para que determinara las posibles contradicciones entre ambos textos.

El presidente del órgano consultivo, que intervino en unas jornadas sobre la Constitución de la UE organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, opinó que la reforma de la Carta Magna de 1978 se podría hacer con la misma fórmula que se aplicó en 1992 para incorporar el Tratado de Maastricht, que no supuso la disolución de las Cámaras. Según Rubio Llorente, "no hay razón alguna, ni en el dictamen del Consejo de Estado ni en el puro sentido común, para sostener que no hay más vía posible" para la modificación de la Constitución que la que obliga a nuevas elecciones, como fija el artículo 168.

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