L D (EFE)
Así lo acuerda el tribunal en una sentencia en la que considera probado que Arcauz, que en esas fechas pertenecía a ETA y estaba instalado en Francia, recibió la orden de los dirigentes de la banda de atentar con un paquete-bomba contra el funcionario de prisiones José Montalvo Torre, "en lo que estuvo de acuerdo" el procesado. Así, y según se recoge en la sentencia, Arcauz "escribió u ordenó escribir con una máquina marca Olivetti, una etiqueta adhesiva que luego se pegó al sobre" la dirección del citado funcionario en la prisión de Herrera de La Mancha.
Asimismo, "él, u otra persona con el consentimiento de Arcauz, trajo el paquete a España enviándolo por correo desde Vitoria (Álava) el 6 de abril de 1989". Dos días después, José Montalvo fue avisado para que acudiera a las oficinas del centro penitenciario porque había recibido un paquete. Al examinarlo, continúa la sentencia, el funcionario receló del mismo ya que no esperaba correspondencia desde Vitoria.
Por ello, y "sospechando que podía ser un envío de ETA" lo inspeccionó "auxiliándose de un aparato de rayos X y avisó a la Guardia Civil", cuyos especialistas desactivaron el artefacto, compuesto por "dos pilas cilíndricas de 1,5 voltios, pinzas, cebo, cable eléctrico y tres centímetros de cordón de pentrita que actuaba como carga explosiva".
Los hechos declarados probados constituyen según la sentencia un delito de asesinato frustrado del que es responsable en concepto de autor el procesado, quien deberá también indemnizar a Montalvo en 30.000 euros por el daño moral y los perjuicios causados a él y a su familia.
Asimismo, "él, u otra persona con el consentimiento de Arcauz, trajo el paquete a España enviándolo por correo desde Vitoria (Álava) el 6 de abril de 1989". Dos días después, José Montalvo fue avisado para que acudiera a las oficinas del centro penitenciario porque había recibido un paquete. Al examinarlo, continúa la sentencia, el funcionario receló del mismo ya que no esperaba correspondencia desde Vitoria.
Por ello, y "sospechando que podía ser un envío de ETA" lo inspeccionó "auxiliándose de un aparato de rayos X y avisó a la Guardia Civil", cuyos especialistas desactivaron el artefacto, compuesto por "dos pilas cilíndricas de 1,5 voltios, pinzas, cebo, cable eléctrico y tres centímetros de cordón de pentrita que actuaba como carga explosiva".
Los hechos declarados probados constituyen según la sentencia un delito de asesinato frustrado del que es responsable en concepto de autor el procesado, quien deberá también indemnizar a Montalvo en 30.000 euros por el daño moral y los perjuicios causados a él y a su familia.