L D (EFE)
La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Naiconal condena a Arcauz a 25 años por un delito de atentado y a 8 por otro de estragos, por la entrega del material con el que el grupo "Ipar Haizea", integrado en el "Donosti", atentó la madrugada del 22 de septiembre de 1990 contra el cuartel de Alpadeta, ataque que no causó víctimas y por el que ya han sido condenados siete etarras como autores materiales.
El tribunal considera que desde 1988 "Josu de Mondragón" era la única persona dentro de la organización que conocía el lugar exacto en el que se depositaba el material para cometer atentados y era quien ordenaba materialmente las entregas a los comandos. Asimismo, según el relato de hechos probados, Arcauz tenía a su cargo el depósito de las armas, munición y artefactos necesarios para cometer las acciones de los comandos, de modo que, cuando recibía la orden de la dirección de la banda, realizaba las entregas y coordinaba los pasos para el paso de la frontera entre Francia y España.
La sentencia establece que las granadas "JK" utilizadas para atentar contra el cuartel de San Sebastián fueron suministradas por Arcauz, "como responsable de todo el material mortífero de ETA", al grupo "Ipar Haizea", integrado en el grupo "Donosti". Según el relato de hechos probados, Arcauz hizo llegar el material a uno de los miembros del grupo, que remitió una carta a Jesús Javier Zabaleta Elósegui, "Baldo", jefe de los grupos fichados, en la que le informaba del material recibido, entre el que se encuentran tres tubos lanzagrandas con la misma numeración que fue registrada en los tubos que se usaron en el atentado. La nota fue hallada, junto con otra documentación, en el domicilio en el que se alojaba Zabaleta antes de ser detenido.
En el segundo trimestre de 1990, Arcauz recibió la orden de Zabaleta de hacer llegar parte de esos artefactos al grupo "Donosti" y el 20 de julio de 1990 se produjo la entrega mediante los encargados dentro de la banda de realizar el transporte de ese tipo de material. Tras la detención de Zabaleta en Francia el 28 de septiembre de 1990, explica la sentencia, Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", y Carmen Guisasola Solozabal, jefes de los "comandos ilegales", se dirigieron a Arcauz para que les comunicara el emplazamiento de las granadas ante el temor de que también fuese detenido.
La sentencia argumenta que la actividad de Arcauz es constitutiva de delito de atentado, toda vez que la acción ejecutada consistía en el lanzamiento de tres granadas contra el cuartel, "con la evidente intención de causar los mayores perjuicios posibles contra la vida de los policías nacionales que allí se encontraban". Por ello, considera que el delito está en "grado de consumación", pues, a pesar de que "no se produjo daño lesivo alguno, ni al cuartel ni afortunadamente a ningún Policía Nacional", la acción se ejecutó en su totalidad.
El tribunal considera que desde 1988 "Josu de Mondragón" era la única persona dentro de la organización que conocía el lugar exacto en el que se depositaba el material para cometer atentados y era quien ordenaba materialmente las entregas a los comandos. Asimismo, según el relato de hechos probados, Arcauz tenía a su cargo el depósito de las armas, munición y artefactos necesarios para cometer las acciones de los comandos, de modo que, cuando recibía la orden de la dirección de la banda, realizaba las entregas y coordinaba los pasos para el paso de la frontera entre Francia y España.
La sentencia establece que las granadas "JK" utilizadas para atentar contra el cuartel de San Sebastián fueron suministradas por Arcauz, "como responsable de todo el material mortífero de ETA", al grupo "Ipar Haizea", integrado en el grupo "Donosti". Según el relato de hechos probados, Arcauz hizo llegar el material a uno de los miembros del grupo, que remitió una carta a Jesús Javier Zabaleta Elósegui, "Baldo", jefe de los grupos fichados, en la que le informaba del material recibido, entre el que se encuentran tres tubos lanzagrandas con la misma numeración que fue registrada en los tubos que se usaron en el atentado. La nota fue hallada, junto con otra documentación, en el domicilio en el que se alojaba Zabaleta antes de ser detenido.
En el segundo trimestre de 1990, Arcauz recibió la orden de Zabaleta de hacer llegar parte de esos artefactos al grupo "Donosti" y el 20 de julio de 1990 se produjo la entrega mediante los encargados dentro de la banda de realizar el transporte de ese tipo de material. Tras la detención de Zabaleta en Francia el 28 de septiembre de 1990, explica la sentencia, Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", y Carmen Guisasola Solozabal, jefes de los "comandos ilegales", se dirigieron a Arcauz para que les comunicara el emplazamiento de las granadas ante el temor de que también fuese detenido.
La sentencia argumenta que la actividad de Arcauz es constitutiva de delito de atentado, toda vez que la acción ejecutada consistía en el lanzamiento de tres granadas contra el cuartel, "con la evidente intención de causar los mayores perjuicios posibles contra la vida de los policías nacionales que allí se encontraban". Por ello, considera que el delito está en "grado de consumación", pues, a pesar de que "no se produjo daño lesivo alguno, ni al cuartel ni afortunadamente a ningún Policía Nacional", la acción se ejecutó en su totalidad.