L D (EFE)
De hecho, Herrero decidirá ya a principios de febrero si archiva o continúa con diligencias penales la investigación abierta para determinar si hubo un delito de obstrucción a la justicia al no haberse trasladado al juzgado el contenido de una cinta grabada en el año 2001, en la que el confidente policial Francisco Javier Lavandera, alias "Lavandero", facilitaba información sobre la existencia de una red de tráfico de explosivos.
Las conclusiones de la investigación están "medio hechas", señaló Herrero a EFE momentos antes de que tomase declaración al inspector jefe de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Avilés, que tenía por confidente al minero José Emilio Suárez Trashorras, acusado de suministrar los explosivos que se utilizaron en los atentados de Madrid. Aunque el fiscal jefe de Asturias había dado ya por concluidas las comparecencias las pasadas Navidades, parte del sumario que recibió hace unos días de la Audiencia Nacional le llevó a solicitar esta nueva entrevista.
El objetivo de esta comparecencia fue, según el fiscal, conocer qué tipo de relación tenía este policía con Suárez Trashorras, por qué no se percató de que traficaba con dinamita y tratar de esclarecer algunas contradicciones en las declaraciones que ambos efectuaron en la Audiencia Nacional.
Herrero, que recordó que la investigación en Asturias se encuentra bajo secreto de sumario, evitó comentar el contenido de la declaración efectuada este lunes por el policía avilesino. No obstante, afirmó que esta última declaración no retrasará las conclusiones de la investigación, que mandará al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para intercambiar impresiones antes de levantar el secreto del sumario.
La investigación abierta por Herrero intenta aclarar lo ocurrido con esa cinta desde que fue grabada en 2001 y por qué no se profundizó en las informaciones de "Lavandero" sobre la existencia de una red de venta de explosivos de la que serían responsables José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, presuntos suministradores de la Goma-2 con la que se cometieron los atentados del 11-M. Además, la Fiscalía trabaja para conocer las razones que llevaron a que la cinta fuese guardada en la caja fuerte de la Comandancia de Gijón en lugar de ser entregada a la justicia una vez fue encontrada.
Las conclusiones de la investigación están "medio hechas", señaló Herrero a EFE momentos antes de que tomase declaración al inspector jefe de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Avilés, que tenía por confidente al minero José Emilio Suárez Trashorras, acusado de suministrar los explosivos que se utilizaron en los atentados de Madrid. Aunque el fiscal jefe de Asturias había dado ya por concluidas las comparecencias las pasadas Navidades, parte del sumario que recibió hace unos días de la Audiencia Nacional le llevó a solicitar esta nueva entrevista.
El objetivo de esta comparecencia fue, según el fiscal, conocer qué tipo de relación tenía este policía con Suárez Trashorras, por qué no se percató de que traficaba con dinamita y tratar de esclarecer algunas contradicciones en las declaraciones que ambos efectuaron en la Audiencia Nacional.
Herrero, que recordó que la investigación en Asturias se encuentra bajo secreto de sumario, evitó comentar el contenido de la declaración efectuada este lunes por el policía avilesino. No obstante, afirmó que esta última declaración no retrasará las conclusiones de la investigación, que mandará al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para intercambiar impresiones antes de levantar el secreto del sumario.
La investigación abierta por Herrero intenta aclarar lo ocurrido con esa cinta desde que fue grabada en 2001 y por qué no se profundizó en las informaciones de "Lavandero" sobre la existencia de una red de venta de explosivos de la que serían responsables José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, presuntos suministradores de la Goma-2 con la que se cometieron los atentados del 11-M. Además, la Fiscalía trabaja para conocer las razones que llevaron a que la cinta fuese guardada en la caja fuerte de la Comandancia de Gijón en lugar de ser entregada a la justicia una vez fue encontrada.
