(Libertad Digital) El miércoles fue un día especial para el general de la Guardia Civil, Pedro Laguna. La peña "Puente de Mando", a la que Laguna pertenece desde hace once años, le dio un homenaje por su ascenso –concedido por el actual Gobierno– y su marcha a León como jefe de la Benemérita en Castilla y León.
Arropado por varios amigos como el socialista Faustino González Alcalde o Leonardo Verdín, candidato a la alcaldía de Gijón por la Unión Renovadora Asturiana, el general de la Guardia Civil hizo mención a la delicada situación por la que está pasando después de conocerse los episodios ocurridos en el Instituto Armado asturiano bajo su mando, según lo cuenta La Nueva España. La Fiscalía ha abierto diligencias contra varios mandos de la Guardia Civil para investigar si ocultaron pruebas y obstruyeron a la Justicia al ocultar la cinta en la que el confidente "Lavandero" alertaba en 2001 de los planes asesinos de Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro.
Según ha reconocido el propio fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, no está previsto llamar a declarar a Pedro Laguna, aunque "no se descarta nada". Crecido ante tanto apoyo moral, el superior del cesado teniente coronel Rodríguez Bolinaga mandó un claro mensaje al fiscal asturiano: "El fiscal decidirá; que llame cuando quiera y como quiera; tengo la conciencia muy tranquila". El actual jefe de la Benemérita en Castilla y León agradeció a los amigos que se acercaron al restaurante "Los Nogales", en la localidad gijonesa de Castiello de Bermueces, el apoyo que le han dado en tan difíciles momentos.
¿Dónde está Antonio Toro?
Paralelamente a la gestiones del fiscal Herrero para depurar responsabilidades en las posibles irregularidades cometidas en la investigación por parte de las fuerzas de seguridad de la trama de los explosivos, el fiscal antidroga José Perals está llevando a cabo una serie de diligencias que pueden resultar vitales para esclarecer el 11-M. Todo después del testimonio del confidente Rafá Zouhier en el caso abierto por la Operación Pipol, que desveló las órdenes de Toro y Trashorras para que asesinara al "chivato" Lavandero.
Más de tres años después de abrirse la causa, en julio de 2001, el proceso sigue abierto. La instrucción estaba cerrada, pero Perals ordenó dar marcha atrás después del testimonio de Zouhier. Tras la premura de Perals, el fiscal encargado de la Operación Pipol,
Juan Laborda
, ha pedido al juez que instruye el caso que acelera los trámites cuanto antes. La lentitud del proceso provocó que varios implicados quedaran en libertad hasta la causa oral. Entre ellos,
Antonio Toro
, que curiosamente volvió a entrar en prisión por otro delito contra la salud pública y no por su imputación en el 11-M.
El Comercio
de Gijón dice que Toro se encontraba "hasta hace días" en la cárcel de Valladolid y que el miércoles la Audiencia Provincial de Asturias denegó su traslado a la cárcel asturiana, a pesar de que así lo había solicitado el abogado que le representa en el caso Pipol.