L D (Europa Press) Según informó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, la solicitud de los documentos enviados tuvo lugar el pasado 29 de diciembre. Las peticiones se refieren a la detención de un comando de ETA en Cañaveras, la detención del menor G.M.V, "el Gitanillo" en relación con la venta de explosivos a los terroristas del 11-M; la supuesta denuncia formulada por el abogado Carlos Tejada dentro de la denominada "trama asturiana"; las circunstancias en torno a la supuesta participación en los atentados del marroquí Mohamed Haddad y las circunstancias de alquiler del vehículo utilizado en la llamada "Caravana de la muerte de ETA".
Lo que se pide de la detención en Cañaveras, se pide el atestado policial en el que se lean los datos de los vehículos interceptados, explosivos y documentación intervenida, aunque el Gobierno explica que toda la actuación policial se halla bajo secreto sumarial. También se reclamaba un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por la policía de Mieres a raíz de una fotogafía de dicha localidad en la furgoneta-bomba y un informe sobre el lugar y las circunstancias en las que se alquiló a la empresa AVIS uno de los vehículos interceptadas el 29 de febrero del año pasado en la llamada "Caravana de la muerte de ETA". El Ejecutivo ha explicado que mandará al Congreso, respectivamente, una Nota del Servicio de Información de la Guardia Civil que resume la actuación policial e informa de que el vehículo fue alquilado en Bilbao la tarde del 29 de febrero de 2004.
Con respecto a la detención de "el Gitanillo", el Gobierno envía una nota de la Guardia Civil respecto a la operación policial realizada el 5 de marzo en Madrid. La vicepresidenta ha recordado que aquel día se instruyó un atestado por un accidente de tráfico en el que se vio involucrado un menor que luego resultaría implicado en los atentados del 11-M.
Fernández de la Vega también se ha explayado al respecto de la petición que reclamaba un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por los Cuerpos policiales en relación con la denuncia formulada por el confidente Nayo a través del abogado Carlos Alberto Tejada, de la existencia de un zulo con explosivos creado por Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. El Congreso recibirá un informe policial sobre las denuncias verbales supuestamente hechas al fiscal jefe de Asturias. El Gobierno también adjunta información sobre la actuación policial relacionada con Mohamed Haddad.
Deberán ser revisados en sesión secreta
El Ejecutivo decidió también hacer llegar a la Comisión, para su examen en sesión secreta, los documentos correspondientes a dos peticiones cuya clasificación se mantiene.
El primero de ellos es el Libro de Registro de correspondencia de entrada y salida del Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón durante 2001 y el de la Comandancia de Asturias de ese mismo año, ambos pertenecientes a la "Operación Serpiente". El Gobierno ha reconocido que los dos contienen "datos sensibles que afectan a cientos de personas. La otra petición atendida para la sesión secreta se refiere a un informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía elaborado en octubre de 2004.
El Ejecutivo ha aprovechado la ocasión para informar al presidente del Congreso, Manuel Marín, que nueve de las dieciséis peticiones que ha formulado se encuentran bajo secreto sumarial por haberse incorporado bien al sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, bien a otros procesos penales seguidos por distintos hechos.
Entre ellas, se encuentra el expediente completo de todas las actuaciones que llevan a cabo por las distintas Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón o de la Zona de Asturias en referencia a la "Operación Serpiente". También se pide el atestado de la Policía de Asturias sobre la "Operación Pipol", el informe del comandante Jambrina, jefe de Operaciones de la Comandancia de Oviedo sobre las reuniones celebradas en la Zona de Asturias con el Confidente Nayo; una nota informativa del 6 de marzo de 2003 remitida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la Zona de Asturias o a la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo; y un informe operativo de la UCO para investigar la trama de explosivos denunciadas en 2002 y 2003.
El Gobierno también recuerda que toda la información policial referente al atestado de la detención del grupo terrorista en Cañaveras, el "informe comprometido por el presidente del Gobierno sobre todas las llamadas realizadas por los terroristas desde el piso de Leganés"; los informes sobre los explosivos hallados en la mochila aparecida en la comisaría de Vallecas el 12 de marzo pasado, así como sobre la propia mochila y el lugar donde se encontró; además de la traducción de la cinta coránica hallada en la furgoneta abandonada por los terroristas en la estación de Alcalá de Henares el 11 de marzo de 2004.
No consta
Por último, de la Vega ha transmitido a la Cámara Baja que no consta escrito alguno de la información reclamada en dos de las peticiones. Una de ellas se refiere a un escrito de solicitud del ministro del Interior a la Comisaría general de Información recabando los informes a los que el presidente del Gobierno hizo referencia en su comparecencia ante la comisión del 11-M el pasado 13 de diciembre, ya que, según explica el Gobierno, "fueron realizados por iniciativa propia de las unidades policiales o a petición verbal de sus responsables". El otro es un informe operativo de la UCO de la Guardia Civil sobre seguimiento y posible detención de José Ignacio Fernández Díaz, alias "Nayo".
También indica, respecto a la petición de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la autoría del atentado y las investigaciones llevadas a cabo, que el servicio secreto ha informado "que no hay ningún dato nuevo sobre autoría que no se haya puesto ya a disposición de la Comisión de investigación en sesiones secretas anteriores". El Gobierno subraya que ha respondido a un total de 224 peticiones formuladas por la Comisión de Investigación.