L D (EFE)
El Gobierno de Ibarrtxe exigió este martes al Ejecutivo central que deje de "utilizar" el alejamiento de los presos de ETA como "instrumento de lucha" contra el terrorismo y pidió al PP que adopte medidas para acercar a los reclusos vascos "a cárceles cercanas a su entorno social y familiar". El Consejo del Gobierno Vasco reclamó al Ejecutivo del PP que "rectifique" su política penitenciaria, en un acuerdo que fue hecho público por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.
A finales del mes de marzo, cuatro presos de ETA que cumplen condena en la cárcel de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) enviaron una carta a Azkarraga, en la que afirmaron que al Ejecutivo vasco "le corresponde adoptar las medidas necesarias para desarrollar un plan" que posibilite el acercamiento de reclusos de la organización terrorista a cárceles vascas.
El acuerdo firmado este martes por el Ejecutivo vasco recoge que la lucha contra ETA exige la utilización de "respuestas penales", aunque considera que la práctica del "alejamiento generalizado" de los presos constituye "un agravamiento ilegítimo de la pena impuesta a la persona reclusa" y la "imposición de una aflicción injusta sobre sus familiares". Asimismo, el Gobierno Vasco consideró que el alejamiento de los reclusos no puede ampararse en "razón alguna de legalidad" ni viene justificado "por argumentos de seguridad".
Según el ejecutivo vasco, la reinserción de los presos de ETA "no se ha impulsado durante los últimos años" y añadió que las últimas reformas del Código Penal "cierran la puerta a dichos procesos de rehabilitación social".
El Gobierno Vasco también mostró su rechazo, "de manera radical y rotunda", ante el terrorismo de ETA y reafirmó su compromiso con la defensa de la vida y libertad de los ciudadanos vascos. Para el ejecutivo, la defensa del derecho a la vida y a la libertad "y por ello la exigencia del fin de ETA" no debe ser "incompatible" con una concepción humanitaria del poder punitivo.
Además, destacó la existencia de un "conflicto político de indudable relevancia" y sostuvo que "el mismo no justifica, en modo alguno, el uso de la violencia". "La prueba de que no existe una relación causa-efecto es que la mayoría de la sociedad vasca aborda la resolución de este conflicto de forma pacífica", añadió el Gobierno Vasco. El acuerdo será remitido al Congreso, al Gobierno central, al defensor del Pueblo, a la ONU y a instituciones europeas, así como al Parlamento Vasco.
A finales del mes de marzo, cuatro presos de ETA que cumplen condena en la cárcel de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) enviaron una carta a Azkarraga, en la que afirmaron que al Ejecutivo vasco "le corresponde adoptar las medidas necesarias para desarrollar un plan" que posibilite el acercamiento de reclusos de la organización terrorista a cárceles vascas.
El acuerdo firmado este martes por el Ejecutivo vasco recoge que la lucha contra ETA exige la utilización de "respuestas penales", aunque considera que la práctica del "alejamiento generalizado" de los presos constituye "un agravamiento ilegítimo de la pena impuesta a la persona reclusa" y la "imposición de una aflicción injusta sobre sus familiares". Asimismo, el Gobierno Vasco consideró que el alejamiento de los reclusos no puede ampararse en "razón alguna de legalidad" ni viene justificado "por argumentos de seguridad".
Según el ejecutivo vasco, la reinserción de los presos de ETA "no se ha impulsado durante los últimos años" y añadió que las últimas reformas del Código Penal "cierran la puerta a dichos procesos de rehabilitación social".
El Gobierno Vasco también mostró su rechazo, "de manera radical y rotunda", ante el terrorismo de ETA y reafirmó su compromiso con la defensa de la vida y libertad de los ciudadanos vascos. Para el ejecutivo, la defensa del derecho a la vida y a la libertad "y por ello la exigencia del fin de ETA" no debe ser "incompatible" con una concepción humanitaria del poder punitivo.
Además, destacó la existencia de un "conflicto político de indudable relevancia" y sostuvo que "el mismo no justifica, en modo alguno, el uso de la violencia". "La prueba de que no existe una relación causa-efecto es que la mayoría de la sociedad vasca aborda la resolución de este conflicto de forma pacífica", añadió el Gobierno Vasco. El acuerdo será remitido al Congreso, al Gobierno central, al defensor del Pueblo, a la ONU y a instituciones europeas, así como al Parlamento Vasco.