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El increíble caso del "Narco volador"

Dice el artículo 531 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “para determinar la calidad y cantidad de la fianza se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado y demás circunstancias (...)”. Pese a ello, “El Negro” salió de la cárcel por 5 millones de pesetas de fianza. El fiscal solicitaba una multa de 70.000 millones y una pena de 60 años de cárcel.

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(Libertad Digital) Es sólo una de las infinitas irregularidades que se han sucedido en el famoso caso “narco volador”. El resultado final fue que un peligroso narcotraficante que introdujo en España más de 10 toneladas de droga vive ahora en algún paraíso. El relato de lo que ocurrió y el desenlace resulta increíble, pero es cierto.

Tres jueces de la Audiencia Nacional –toda la sección cuarta de entonces: Carlos Ollero, Carlos Cezón y Juan José López Ortega– y un narcotraficante calificado como “muy peligroso” protagonizaron uno de los más oscuros capítulos penales de la Justicia en España. Pero no son los únicos. Entran también en escena el psiquiatra de la cárcel de Valdemoro, la esposa del narco, compañeros de celda y hasta un juez que se interesó en la vía judicial sin permiso, Ignacio Sierra.

“El Negro” fue el responsable de que entraran en España más de diez toneladas de droga. Parece que además sufría una inestabilidad emocional –diagnosticada como trastorno bipolar– y que no soportaba estar en la cárcel. Así se lo hizo saber la esposa del reo al mismísimo juez Carlos Cezón, el ponente de la excarcelación, a quien visitó por la noche en su despacho. El juez decidió que para evitar un eventual suicidio lo conveniente sería una excarcelación. Un psiquiatra de la cárcel de Valdemoro, Ángel Hebrero, que luego fue también imputado, lo avaló y se tomó la medida. 

Así, el magistrado redactó un auto de excarcelación y se lo remitió a sus colegas de sección, los jueces Carlos Ollero y Juan José López Ortega, para que lo firmaran. Según las noticias, no preguntaron demasiado. De hecho, admitieron no saber que el fiscal había reclamado más de sesenta años de cárcel y 70.000 millones de pesetas de multa para "El Negro". Coincidieron en lo delicado de la salud mental del reo y el consiguiente riesgo de suicidio y firmaron. No hubo deliberación como marca la ley. Por cinco millones de fianza, una cantidad ridícula para un narcotraficante, "El Negro" salió a la calle.

Cercana la fecha del juicio, los magistrados empezaron a temer que el principal acusado no apareciera a tiempo. El escándalo judicial asomaba ya en la Audiencia Nacional. Había que encontrarle y ponerle a buen recaudo. Pero ¿por qué no empezar por preguntarle a él mismo? Aquí asistimos a una de las escenas más difíciles de imaginar. Los tres representantes de la Justicia trataron de ponerse en contacto con el ya fugado narco. La conversación corrió a cargo del propio Ollero, duró siete segundos y, está claro, no sirvió para que rectificara.

Pero antes habían hablado con su abogado. Le mostraron su preocupación y pidieron su colaboración para localizarle. Fue el abogado el que les brindó el numero del teléfono móvil del traficante y de paso le llamó él mismo poniéndole sobre aviso de que querían hablar con él. Y “El Negro” colgó. Estaba en unos grandes almacenes. Le dijo a su mujer que siguiera comprando, mientras él iba a por tabaco. Al menos, esta es la versión de la esposa. Después, ya sin delincuente entre rejas, se precipitaron los episodios judiciales más escandalosos. El corporativismo dejó paso a la casi impunidad por la grave negligencia. Todo quedó al final en una equivocación sin malicia castigada por la vía disciplinaria.

Se inició la investigación judicial con un juez instructor tras admitirse la querella presentada por el fiscal general de Estado, Jesús Cardenal. Pero otro juez, Ignacio Sierra, entró en escena. Se confundieron las vías judicial y administrativa. Sierra ignoró que el procedimiento disciplinario había de cesar cuando estaba abierta la instrucción penal. La prevaricación se esfumaba. Ni dolosa ni culposa. Los jueces habían obrado mal pero sin intención y sin sombra de cohecho. Además, aquél psiquiatra que escondía sobres cargados de divisas en dobles fondos de armario parecía no tener que ver con nada y el caso se separó como pieza aparte. Cayeron muchas de las culpas sobre él. Lo predijo su abogado, Roberto Rodríguez, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos, por aquel entonces en La Linterna de la COPE. Y, al final, tuvo toda la razón.

Los tres jueces siguen ejerciendo. Ollero, en el mismo destino. Antes, el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar protagonizó el corporativismo organizando una colecta para resarcir a los jueces del dinero que dejaran de percibir por la sanción.

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