L D (Europa Press) El primer partido de la oposición planteará la reprobación del titular de Interior a través de una moción consecuencia de la interpelación que el diputado Rafael Hernando formuló al ministro en junio, durante el último Pleno del Congreso antes del verano. El 28 de junio, el PP ya presentó una primera moción sobre este asunto reclamando el cese de Alonso y del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, pero fue derrotada al no lograr sumar ni un voto del resto de la oposición. Aprovechando el inicio del nuevo curso parlamentario, los 'populares' van a retomar sus protestas por la detención de sus dos militantes.
En concreto, está previsto que esta nueva moción debata el próximo martes es decir, casi nueve meses después de la manifestación de la AVT en la que supuestamente fue agredido Bono. En su segunda moción relativa a esta cuestión, los 'populares' señalan al titular de Interior como el "responsable de las detenciones ilegales y políticas de los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz", por lo que plantean su reprobación. Además, persiguen que el Congreso inste al Gobierno a "no instrumentalizar" a la Policía, la Fiscalía General del Estado o a la Abogacía del Estado "para ocultar responsabilidades de los miembros del Gobierno", como en su opinión es ha hecho en este caso.
El PP también propone que la Cámara Baja pida al Ejecutivo que dé instrucciones a los delegados del Gobierno con el objetivo de que "eviten interferir con criterios políticos en las investigaciones policiales". El partido que preside Mariano Rajoy subraya, en la exposición de motivos de su iniciativa, que las diligencias judiciales abiertas han acreditado que sus dos afiliados fueron "detenidos ilegalmente", que eran "absolutamente inocentes" del delito de agredir al ministro de Defensa y que fueron detenidos "después de numerosas irregularidades administrativas realizadas bajo enormes presiones políticas".
Añade que, como consecuencia de estos hechos, tres policías han sido acusados por el juez de detención ilegal y falsedad en documento público. En opinión del PP, las diligencias judiciales y las declaraciones de los agentes han "desmentido" la versión que este episodio ofreció Alonso ante la Comisión de Interior del Congreso el pasado mes de febrero. Además, el PP reprocha al Gobierno que, en lugar de admitir que hubo "presiones políticas" para que se detuviese a sus militantes haya decidido utilizar los recursos del Estado para evitar sus responsabilidades. "A tal fin la Fiscalía General del Estado ha llegado al esperpento de calificar como conducta sospechosa de delito las 'actitudes vociferantes' mantenidas en una manifestación", aduce el PP.
También denuncia que se ha usado a la Abogacía General del Estado para "arremeter contra la imparcialidad del juez instructor del caso en un escrito que ha sido descalificado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.