El pasado 3 de enero se conocía que la Guardia Civil había localizado en una de sus últimas operaciones contra los dirigentes de Segi documentos sobre el trazado del TAV (tren de alta velocidad) a su paso por las localidades vizcaínas de Achondo, Elorrio y Abadiño. Las pesquisas de los agentes llevan a suponer que estos documentos, de carácter técnico, fueron filtrados por los propios consistorios, gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV).
Este viernes, el diputado popular Carlos Urquijo volvió a exigir en el Parlamento vasco la disolución de los consistorios gobernados por la última franquicia electoral de ETA. "Es inconcebible que el Gobierno no haya movido todavía un dedo para aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local", aseguró en declaraciones a Libertad Digital. "No podemos permitir por más tiempo que un partido ilegal desde hace casi año y medio y que actúa causando un daño evidente a nuestra democracia, continúe un día más al frente de ninguna corporación local", añadió.
Además, recordó que tras la modificación de la ley el Gobierno Zapatero dijo que iba a estar vigilante, "pues ahora es el momento", aseguró.
En su iniciativa, registrado en la Cámara vasca como una proposición no de ley, recuerda que el 16 de septiembre de 2008, el Tribunal Supremo ilegalizó ANV por considerarlo un "instrumento al servicio de la banda terrorista ETA", a pesar de lo cual "todavía existen hoy en el País Vasco varios ayuntamientos presididos por representantes de esta formación política ilegalizada".
Ante esta situación y "no habiendo sido posible el deseable acuerdo político entre demócratas para desalojar a los alcaldes de ANV", Urquijo considera "indispensable" recurrir a otros instrumentos previstos en nuestra legislación para atajar estas situaciones. Según explica, la Ley Orgánica 1/2003 modificó el artículo sesenta y uno de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, para que el Gobierno de España pudiera disolver aquellos ayuntamientos en el supuesto de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".
Ésta será la segunda que vez que la Cámara vasca debate la disolución de lo consistorios que la franquicia etarra gobierna en la comunidad vasca. Hace unos meses, una iniciativa registrada por el único diputado de UPyD, y que contó con enmiendas a la totalidad de PP y PSE, no salió adelante por las diferencias de criterio entre las tres formaciones constitucionalistas.