L D (EFE)
El artículo 12 de la citada ley, que regula los efectos de la disolución judicial, señala que "se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal". La Ley de Partidos explica que "corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político".
"En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto", añade el texto. Para determinar "la conexión" entre la formación ilegalizada y la que pretenda sucederle, la Sala tendrá en cuenta "la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran y de la procedencia de los medios de financiación o materiales".
También se considerarán "cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución".
La ley establece que, además de las partes personadas en el proceso, podrán solicitar el pronunciamiento de la sala en este sentido el ministerio del Interior y la Fiscalía. Este mismo fin de semana, y tras la presentación de la nueva Plataforma por la Autodeterminación de Euskal Herria (AuB), representantes del PP y del PSOE pidieron que se prohíba esta nueva organización en aplicación de la Ley de Partidos, ya que estiman que es sucesora de Batasuna. De hecho, muchos de sus promotores fueron en listas electorales de EH en las anteriores elecciones.
La sentencia del Supremo será ejecutiva desde el momento de su notificación, aunque Batasuna puede recurrirla ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, la ley establece que "tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto", y que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidades penales.
Otro efecto que lleva aparejado la disolución de un partido político es "la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora". La Ley de Partidos dispone que "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario".
"En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto", añade el texto. Para determinar "la conexión" entre la formación ilegalizada y la que pretenda sucederle, la Sala tendrá en cuenta "la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran y de la procedencia de los medios de financiación o materiales".
También se considerarán "cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución".
La ley establece que, además de las partes personadas en el proceso, podrán solicitar el pronunciamiento de la sala en este sentido el ministerio del Interior y la Fiscalía. Este mismo fin de semana, y tras la presentación de la nueva Plataforma por la Autodeterminación de Euskal Herria (AuB), representantes del PP y del PSOE pidieron que se prohíba esta nueva organización en aplicación de la Ley de Partidos, ya que estiman que es sucesora de Batasuna. De hecho, muchos de sus promotores fueron en listas electorales de EH en las anteriores elecciones.
La sentencia del Supremo será ejecutiva desde el momento de su notificación, aunque Batasuna puede recurrirla ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, la ley establece que "tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto", y que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidades penales.
Otro efecto que lleva aparejado la disolución de un partido político es "la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora". La Ley de Partidos dispone que "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario".