L D (EFE) Según informaron fuentes jurídicas, Garzón adoptó esta decisión a petición del fiscal Enrique Molina tras tomar declaración durante cerca de tres horas al empresario.
En su comparecencia, José Luis Areizaga, a quien se le imputa en un principio un delito de colaboración con banda armada, reconoció que en 2000 recibió una carta de extorsión de ETA en la que la banda le reclamaba 24.040 euros, que debía abonar en una cita en la localidad de Saint Jean de Pied de Port, al sur de Francia.
El empresario, propietario de tiendas de deportes, acudió a la cita y se entrevistó con dos miembros de ETA a los que indicó que no podía pagar en efectivo la cantidad reclamada y a cambio se ofreció a proporcionar a la banda material de deporte de sus tiendas.
En ese momento, los dos individuos con los que se entrevistó no se manifestaron ni a favor ni en contra de su oferta y Areizaga volvió de nuevo a Tolosa, donde tiempo después recibió una nueva carta de la banda terrorista que le indicaba que fuera a la playa de Sokoa. Allí, entregó 3.000 euros como parte de los 24.000 euros que anteriormente le habían reclamado. Posteriormente, Areizaga, que antes de recibir la carta de extorsión mantuvo contactos con una mujer relacionada con la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía, envió en tres ocasiones material deportivo para los presos etarras, valoradas cada partida entre 3.000 y 4.200 euros.
La finalidad de la extorsión, pagar por miedo
En su comparecencia, José Luis Areizaga, a quien se le imputa en un principio un delito de colaboración con banda armada, reconoció que en 2000 recibió una carta de extorsión de ETA en la que la banda le reclamaba 24.040 euros, que debía abonar en una cita en la localidad de Saint Jean de Pied de Port, al sur de Francia.
El empresario, propietario de tiendas de deportes, acudió a la cita y se entrevistó con dos miembros de ETA a los que indicó que no podía pagar en efectivo la cantidad reclamada y a cambio se ofreció a proporcionar a la banda material de deporte de sus tiendas.
En ese momento, los dos individuos con los que se entrevistó no se manifestaron ni a favor ni en contra de su oferta y Areizaga volvió de nuevo a Tolosa, donde tiempo después recibió una nueva carta de la banda terrorista que le indicaba que fuera a la playa de Sokoa. Allí, entregó 3.000 euros como parte de los 24.000 euros que anteriormente le habían reclamado. Posteriormente, Areizaga, que antes de recibir la carta de extorsión mantuvo contactos con una mujer relacionada con la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía, envió en tres ocasiones material deportivo para los presos etarras, valoradas cada partida entre 3.000 y 4.200 euros.
La finalidad de la extorsión, pagar por miedo
El empresario explicó a Garzón que realizó estas entregas de dinero y material para la banda porque tenía "mucho miedo", ya que se trataba de una época en la que eran numerosos los episodios de terrorismo callejero y sus amigos, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui y el mando de la Ertzaintza Mikel Uribe, acababan de ser asesinados por ETA.
El nombre del empresario apareció entre la documentación intervenida al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", detenido en Francia en febrero de 2001, en la que figuraba con un código específico que le identificaba como pagador voluntario.
Areizaga ya declaró en relación con este asunto ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que también le dejó en libertad, pero, a raíz de la documentación intervenida a "Txapote", Garzón, que lleva cinco años investigando el entramado financiero de ETA en una causa declarada secreta, decidió esta semana ordenar su detención.
En el marco de esta misma causa, el pasado 18 de diciembre, Garzón dejó en libertad bajo fianza de 18.000 euros al ex dirigente de Herri Batasuna (HB) Jokin Gorostidi y al ex etarra Juan José Arruti por apropiarse de 25 de los 30 millones de pesetas que obtuvieron de un empresario al que extorsionaron en nombre de la banda terrorista.
El juez acusó a ambos de los delitos de pertenencia a banda armada, extorsión y allegamiento de fondos para organización terrorista en un auto en el que aseguraba que tanto Gorostidi como Arruti pertenecían en la época de los hechos, en 1991, al aparato de financiación de ETA encargado "de recaudar el denominado 'impuesto revolucionario' exigido a las víctimas, auténtico mecanismo de coacción y extorsión mediante el cual se atienden las necesidades económico-financieras del complejo terrorista".