El presidente del BBVA, Francisco González, ha manifestado este miércoles en el Tribunal Supremo que su entidad se aseguró de que la donación de 200.000 dólares que prestó en 2005 a la Universidad de Nueva York, para financiar unos cursos organizados por Baltasar Garzón sobre terrorismo, no irían destinados en ningún caso a pagar al juez.
Así de rotundo se ha mostrado el presidente del BBVA durante la declaración de dos horas que prestó ante el magistrado Manuel Marchena, que instruye la causa abierta contra Garzón por presunto cohecho y prevaricación relacionados con su gestión de los citados cursos, que se desarrollaron en el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
Según fuentes presentes en la declaración, González ha insistido en que la valoración del patrocinio y la fijación de su importe correspondió a Javier Ayuso (quien también ha declarado hoy), que era entonces el jefe de comunicación del banco. Este había advertido a su jefe de que la Universidad se pondría en contacto con él por este asunto, tras un encuentro que mantuvo con Garzón en un hotel madrileño en el que el magistrado le anunció que el centro quería que González interviniera como invitado y que se le pediría una donación.
Tras este aviso, el 1 de julio de 2005 González recibió una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, solicitándole el patrocinio, que él remitió a Ayuso, quien desde entonces tomó las riendas del asunto. Declinó además la invitación para intervenir en el simposio.
Además, el presidente del BBVA ha subrayado, a preguntas de la acusación particular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que el patrocinio no obedeció a ningún "agradecimiento" a Garzón, que había instruido la causa por las cuentas secretas del banco, ni nada parecido. Ha dicho que simplemente estaban interesados en asuntos como el del curso, sobre terrorismo y seguridad.
González y Garzón, viejos conocidos
González afirmado también conocer personalmente a Garzón de hace muchos años antes, con ocasión de un acto público, y que luego le vio en su juzgado cuando fue a declarar como testigo en el "caso BBVA". Pero nunca habló con él de este asunto ni Garzón le pidió dinero.
Tras la declaración de González fue Ayuso quien ha sido interrogado por Marchena, durante algo más de dos horas, para confirmar que él fue quien tomó la decisión de donar 200.000 dólares a la Universidad de Nuevo York, una cantidad sobre la que tenía plena capacidad de decisión y que apenas alcanza el 1 por ciento de lo que el BBVA destina a patrocinios.
Ayuso ha declarado también ante el magistrado que siempre habló de los aspectos económicos del patrocinio con Greenberg , quien le pidió 300.000 dólares, aunque él le contestó en octubre de 2005 que la cantidad sería de 100.000 dólares menos y le pidió un segundo borrador del convenio para la donación, pues el primero no le pareció lo suficientemente riguroso. El segundo borrador le llegó en noviembre de ese mismo año por correo electrónico de una tal María del Mar Bernabé, quien según la acusación era la asistente de Garzón en EE.UU.
Además, Ayuso ha reconocido este miércoles en el Supremo que Garzón, a quien conocía por ser él periodista, que se puso en contacto telefónico con él a finales de junio de 2005 para hablarle de los cursos, y que quedaron en verse en el Hotel Eurobuilding de Madrid, donde el juez le anunció que la Universidad quería que González participara como interviniente en los cursos y que se pondrían en contacto con él para solicitarle un patrocinio. En este punto, negó que en dicho encuentro Garzón le pidiera dinero ni se hablara de cantidad alguna.
Las declaraciones ordenadas por el magistrado concluirán mañana con los interrogatorios dos responsables de Telefónica: José María Sanz-Magallón Rezusta (consejero delegado de Telefónica Internacional y responsable de la oficina de Telefónica en Estados Unidos) y Loreto Pérez del Puerto (directora de relaciones corporativas internacionales de la compañía). Todas ellas se enmarcan en la causa abierta por el Supremo para investigar si el juez suspendido de la Audiencia Nacional cometió un delito de prevaricación y otro de cohecho cuando durante su estancia en EE.UU