(Libertad Digital) Según cuenta el diario asturiano El Comercio, la investigación abierta por Asuntos Internos en la Guardia Civil incluye el pinchazo a los teléfonos móviles y fijos de gran parte de la plantilla. A esto hay que sumar las sorprendentes circunstancias que rodearon el viaje de "El Lavandero" desde Asturias a Madrid para que comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.
Parecer ser que el juez no se fiaba de la Guardia Civil y tampoco de la Policía Nacional y encargó a cuatro agentes de la Policía Municipal de Gijón –que habían realizado cursos de formación como escoltas, según La Nueva España– que trasladaran al confidente a Madrid. Del Olmo envió un exhorto al juzgado de Instrucción número 1 de Gijón para que dictara la orden de traslado.
Ahí empezó la travesía de los agentes y el confidente. Al hacer una parada en un establecimiento de Pola de Siero, los cinco levantan curiosamente las sospechas de unos agentes de la Policía Nacional, que les piden la identificación. Como no tenían un documento del juez que recogiera la misión que les habían encargado, los policías nacionales deciden paralizar al grupo de cinco hombres hasta que en el juzgado les confirmen la versión de los municipales. Según El Comercio, tras un intercambio de llamadas alguien decide que sea otro cuerpo el que se responsabilice de la custodia de "Lavandero". Las fuentes consultadas no especificaron si la protección del testigo recayó en la Guardia Civil o en la Policía Nacional.
Mientras todo esto sucedía, el agente de la Guardia Civil que grabó las denuncias de "Lavandero", Jesús Campillo, tuvo que declarar ante sus superiores como si fuera un "delincuente". El diario El Mundo ha recogido las declaraciones de Campillo a su entorno: "Me han tratado peor que a un delincuente. Me han amenazado y han intentado que manipulara mi declaración para llevarla a su terreno. Pero yo me he negado".