L D (Agencias) Según informa Servimedia, la petición de la Comisión ofrecería problemas respecto a dos leyes. Por un lado, estaría la normativa referida al secreto de las telecomunicaciones, que declara reservado el contenido de las conversaciones o mensajes. Por otro, la Ley de Protección de Datos, que preserva la identidad de los titulares de las llamadas, aunque su protección se limita a la de las personas físicas.
Debido a estas normas jurídicas, sería probable, según el director de la APD, que las compañías se negaran a facilitar los datos al amparo de las leyes anteriores, pues no tienen obligación legal de hacerlo. Piñar señaló que quizás, si el Congreso pide datos sobre personas jurídicas, como son los partidos políticos, las compañías podrían dar el nombre de los abonados, pero no el del “usuario del teléfono”, que sería persona física.
Existe una excepción a la Ley de Protección de Datos, que se aprobó en 1994 mediante Decreto-Ley, por la que las comisiones parlamentarias pueden solicitar datos privados a entidades financieras en caso de investigación de carácter económico. Pero Piñar no cree posible que pueda ser aplicada en este caso.
Pese a las explicaciones del director general de la Agencia de Protección de Datos, el recuerdo de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid demuestra que el acceso a las llamadas de los políticos y su posterior filtración no es algo impensable. Conviene recordar que los partidos políticos y los medios de comunicación tuvieron acceso al listado de llamadas telefónicas realizadas no sólo por el ex diputado socialista Eduardo Tamayo –con un teléfono a nombre del PSOE– sino del abogado Jorge Esteban Verdes. Precisamente, fueron sobre los datos relativos a estas llamadas sobre los que PSOE e IU cimentaron su acusación a Tamayo de formar parte de una “trama” político-inmobiliaria en Madrid.