L D (Agencias) Las acusaciones populares en el llamado "caso del ácido bórico" solicitarán penas de entre 6 y 9 años de cárcel y de entre 6 y 18 de inhabilitación especial para los cuatro jefes de la Policía científica que manipularon un informe que citaba a ETA en una investigación relacionada con el 11-M.
En el juicio, que se celebrará la próxima semana en la Audiencia Provincial de Madrid, el fiscal no acusará a los procesados ya que pidió el sobreseimiento del caso al estimar que los hechos no son constitutivos de delito, al igual que hizo la Abogacía del Estado.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que junto al Sindicato de Funcionarios Manos Limpias ejercen las acusaciones populares, solicitarán además para los procesados multas de 108.000 euros y tres años de suspensión de empleo.
El fiscal planteará como cuestión previa que se aplique la "doctrina Botín", que limita el papel de las acusaciones populares, según acordó el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia reciente que confirmó el archivo del caso de las cesiones de crédito, procedimiento que afectaba al presidente del Banco Santander.
Esa resolución estableció que en las causas que se tramitan como procedimiento abreviado no se puede abrir juicio oral si es sólo la acusación popular la que lo pide y tanto la Fiscalía como los posibles perjudicados han pedido el sobreseimiento.
No obstante, el TS no ha aplicado dicha doctrina en el reciente "caso Atutxa" y ha condenado al ex presidente del Parlamento vasco en un procedimiento en el que sólo estaba personada una acusación popular, aunque habrá que esperar a la sentencia –sólo se ha hecho público el fallo– para conocer los argumentos del alto tribunal.
En el juicio, que se celebrará la próxima semana en la Audiencia Provincial de Madrid, el fiscal no acusará a los procesados ya que pidió el sobreseimiento del caso al estimar que los hechos no son constitutivos de delito, al igual que hizo la Abogacía del Estado.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que junto al Sindicato de Funcionarios Manos Limpias ejercen las acusaciones populares, solicitarán además para los procesados multas de 108.000 euros y tres años de suspensión de empleo.
El fiscal planteará como cuestión previa que se aplique la "doctrina Botín", que limita el papel de las acusaciones populares, según acordó el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia reciente que confirmó el archivo del caso de las cesiones de crédito, procedimiento que afectaba al presidente del Banco Santander.
Esa resolución estableció que en las causas que se tramitan como procedimiento abreviado no se puede abrir juicio oral si es sólo la acusación popular la que lo pide y tanto la Fiscalía como los posibles perjudicados han pedido el sobreseimiento.
No obstante, el TS no ha aplicado dicha doctrina en el reciente "caso Atutxa" y ha condenado al ex presidente del Parlamento vasco en un procedimiento en el que sólo estaba personada una acusación popular, aunque habrá que esperar a la sentencia –sólo se ha hecho público el fallo– para conocer los argumentos del alto tribunal.
Delitos de falsedad documental y falso testimonio
A partir del martes y hasta el próximo jueves, se sentarán en el banquillo de los acusados el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez.
Según los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, a los que ha tenido acceso Efe, los mandos policiales están acusados de presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio, y a Santano le imputan además un delito de encubrimiento.
Las acusaciones sostienen que el informe de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en 2004 en el domicilio de Hassan el Haski, condenado por los atentados del 11-M, fue manipulado por los procesados.
En concreto, los tres peritos incluyeron en su estudio unas observaciones en las que se relacionaba esa sustancia con el hallazgo de la misma en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001.
Su informe se lo dieron a Ramírez quien "conocía la existencia de una consigna, en cierto sector de la Policía, que exigía que no se informase a la Audiencia Nacional de ningún vínculo que pudiera existir entre ETA y el 11-M", por lo que se lo dijo a Mélida, y éste a su vez telefoneó a Santano, que estaba de vacaciones.
"La orden que Santano dio a Mélida y éste transmitió a Ramírez fue contundente: que se elimine del informe todo lo referente a ETA", sostienen las acusaciones, que aseguran desconocer si fue una "decisión personal" o si lo ordenó a instancias de "estamentos superiores", como el entonces Comisario General de Información, Telesforo Rubio, o el ex ministro del Interior José Antonio Alonso.
Ramírez pidió entonces a los peritos que suprimieran "todo lo referente a ETA" y, al no hacerlo, los acusados "deciden modificarlo" quitando tales observaciones, tras lo que se destruye el primer informe, lo que fue descubierto por Escribano posteriormente.