(Libertad Digital) Fuentes de la asociación informaron a la agencia EFE de que las auditorías han detectado irregularidades "por acción y por omisión", tanto en la gestión de subvenciones del Gobierno o de la comunidad europea como por el quebranto económico causado por no haberse solicitado la declaración de entidad pública para la AVT.
Según explicaron, las auditorías, efectuadas por las empresas Audimeba y Garrigues Asociados, fueron solicitadas por la anterior junta directiva atendiendo a un mandato de la asamblea de la AVT y concluidas con la actual, que ha presentado la demanda civil el pasado 10 de mayo. Entre los demandados, están dos de las fundadoras y ex presidentas de la AVT, Ana María Vidal-Abarca y Sonsoles Álvarez de Toledo, junto a varios ex vicepresidentes, secretarios generales, tesoreros o directores gerentes como Luis Delgado, Rafael Villalobos, Luis Cabanas, María Martín Peña, Victoria Eugenia Vidaur, Encarnación Morales de Campos, Josefa Muriel y Juan Antonio Corredor.
Las fuentes concretaron que la demanda pretende depurar las responsabilidades de los miembros de pasadas juntas directivas pero que no hay "un espíritu de ensañamiento" con personas determinadas, sino la voluntad de "responder a un mandato de la asamblea" de la asociación. Vidal-Abarca, con la que EFE no pudo contactar, dijo el pasado viernes que la demanda es "una grave injusticia". "No tengo nada que ocultar y espero que la Justicia aclare todo esto", añadió, al admitir que esta demanda ha sido uno de los "detonantes" de su decisión de dimitir como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT).
Vidal-Abarca, viuda de Jesús Velasco (militar asesinado por ETA en 1980) fue fundadora de la AVT y presidenta durante una década hasta su dimisión a finales de 1999, para terminar abandonando su puesto como vocal en la junta directiva en abril de 2002 denunciando que "se había despilfarrado dinero".
Según explicaron, las auditorías, efectuadas por las empresas Audimeba y Garrigues Asociados, fueron solicitadas por la anterior junta directiva atendiendo a un mandato de la asamblea de la AVT y concluidas con la actual, que ha presentado la demanda civil el pasado 10 de mayo. Entre los demandados, están dos de las fundadoras y ex presidentas de la AVT, Ana María Vidal-Abarca y Sonsoles Álvarez de Toledo, junto a varios ex vicepresidentes, secretarios generales, tesoreros o directores gerentes como Luis Delgado, Rafael Villalobos, Luis Cabanas, María Martín Peña, Victoria Eugenia Vidaur, Encarnación Morales de Campos, Josefa Muriel y Juan Antonio Corredor.
Las fuentes concretaron que la demanda pretende depurar las responsabilidades de los miembros de pasadas juntas directivas pero que no hay "un espíritu de ensañamiento" con personas determinadas, sino la voluntad de "responder a un mandato de la asamblea" de la asociación. Vidal-Abarca, con la que EFE no pudo contactar, dijo el pasado viernes que la demanda es "una grave injusticia". "No tengo nada que ocultar y espero que la Justicia aclare todo esto", añadió, al admitir que esta demanda ha sido uno de los "detonantes" de su decisión de dimitir como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT).
Vidal-Abarca, viuda de Jesús Velasco (militar asesinado por ETA en 1980) fue fundadora de la AVT y presidenta durante una década hasta su dimisión a finales de 1999, para terminar abandonando su puesto como vocal en la junta directiva en abril de 2002 denunciando que "se había despilfarrado dinero".