(Libertad Digital) Los problemas entre vecinos no suelen ocupar páginas en los periódicos a no ser que impliquen delitos de sangre, algún incendio o que se trate de la delegación del Gobierno de Melilla. El Partido Popular en esta ciudad autónoma comparte edificio con el gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación del Gobierno. Es decir, que el suelo de la delegación del Gobierno es el techo de los populares.
Con motivo de la rebelión cívica que inunda nuestro país en estos días, después de que el Gobierno haya decidido conceder el segundo grado penitenciario al sanguinario etarra De Juana Chaos, el Partido Popular de la ciudad autónoma de Melilla a colocado un gran lazo azul en la fachada de su sede, tal y como ha hecho su sede nacional en la calle Génova de Madrid.
El problema es que la parte superior del lazo, estaba ocupando 20 centímetros de fachada que correspondían al gabinete de Seguridad e Higiene del trabajo perteneciente a la delegación del Gobierno en Melilla. Esto le ha resultado completamente inadmisible al delegado del Gobierno, José Fernández Chacón que ha dado órdenes precisas para que el lazo se retirase sin más dilación. Los populares melillenses aseguran que tras conocer esta órden, realizaron "las gestiones oportunas" para recolocar el lazo 20 centímetros más debajo de su ubicación original, a fin de evitar que la seda rozase la parte de fachada que correspondía al suelo de la delegación del Gobierno.
Aún así, el lazo fue cortado por la delegación del Gobierno quedando, tal y como aparece en la foto que se reproduce a continuación.
Los populares pensaron en un primer momento, dejar el lazo en este estado, a modo de protesta, pero decidieron más tarde que "merecía la pena" que el símbolo que movió a España durante el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, luciera correctamente colocado. Aún así, han denunciado que Fernández Chacón ha coartado "la libertad de expresión" mostrando un "talante antidemocrático y cercenador de los derechos constitucionales"
La Delegación del Gobierno, por su parte, ha dicho que "causa estupor que quien utiliza con fines partidistas y sin autorización una propiedad ajena, en este caso un bien de carácter público, denuncie a la opinión pública que se limitan sus derechos". Por esta razón, no ha dudado en "informar a los ciudadanos de que a raíz del acontecimiento de la apropiación indebida de un bien de carácter público ha ordenado la apertura de un expediente para esclarecer los hechos y depurar en su caso las responsabilidades por un hecho de tan insólitas características".