La Fiscalía y sus relaciones preferentes con el PSOE quedan la vista en Andalucía

Cuatro casos acaban de destapar algunas de estas relaciones de la Fiscalía -entendiendo que nada se mueve en el Sur sin el conocimiento de la Superioridad -, con el PSOE, partido del Gobierno, al que parece beneficiar expresa, clara y casi abiertamente. El primero, Mercasevilla. El segundo, el caso Astapa. El tercero, la absolución de un alcalde del PP de Granada perseguido por la fiscalía. El cuarto, el que un alcalde del PP de Almería se entere de su imputación por el PSOE.

En Mercasevilla, en contraste con el caso Gürtel, bien conocido de todos y por todos, gracias precisamente a actuaciones de la Fiscalía y de la Policía, con escuchas reveladas a medios de comunicación pro PSOE y detenciones espectaculares con esposas y focos, la fiscalía ha estado más bien recatada. Si en el caso Gürtel se trataba de unos pocos trajes supuestamente regalados al presidente de la Comunidad Valenciana, del PP, caso que ha sido archivado por los tribunales, en Sevilla se trata de una cinta magnetofónica indubitada e indubitable en la que militantes del PSOE desvelan todo un vademecum de cómo trincar comisiones ilegales desde la Junta a partir de las subvenciones de la propia Junta. Con todo lujo de detalles. Desde febrero, momento en que los empresarios extorsionados manifestaron su intención de pelear y de no rendirse ante las exigencias de estos militantes del PSOE, la fiscalía estuvo inactiva. De hecho no fue de motu proprio el impulso investigadormanifestado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La diferencia de trato y tratamiento ha sido tan abisal. en beneficio de los intereses del PSOE, que ha conducido al PP a hacer públicas las cintas que le fueron entregadas por los empresarios afectados.

En el caso Astapa, las relaciones de los imputados socialistas con la Fiscalía es realmente escandalosa y merecedora de atención judicial. Al parecer, y como cuenta hoy ABC, la estrecha relación de responsables políticos con la Fiscalía, se ha quedado con el culo al aire en el caso de Estepona. El levantamiento parcial del secreto del sumario del «caso Astapa», ha desvelado las magníficas relaciones de la dirección provincial del PSOE con el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

En el tomo II del sumario se recoge esta conversación en el teléfono intervenido del alcalde, por orden judicial, y con fecha del 10 de abril de 2007. Esta es la transcripción policial: «Antonio llama a Marisa (es Marisa Bustinduy). Marisa le dice que no van a tardar más de un minuto pero que es muy importante y tiene que ser presencial. Antonio le pregunta si habló con el fiscal y ella le dice que sí y que por eso tiene que hablar con él personalmente. Antonio le dice que si no pueden hablar desde algún fijo y ella le dice que desde el Ayuntamiento no, que si eso la llame desde una cabina. Antonio le dice que desde el que le va a llamar no pasa nada. Ella da el 95213...».

Recuerda ABC que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2007 pero que no fue hasta junio de 2008 cuando el alcalde de Estepona y otras 24 personas fueron detenidas en el marco de la operación contra la corrupción urbanística en el municipio. La dirección provincial del PSOE estaba al corriente, pues, desde un año antes de la investigación, como se deduce de las conversaciones telefónicas. La discreción telefónica se impuso desde ese momento, pero en el sumario se recogen «perlas» como ésta, en otra charla de Barrientos con Bustinduy, el 24 de abril de 2007: «Yo tengo un teléfono blindado y controlado aquí en el Ayuntamiento ¿sabes? con todo tipo de medidas de seguridad, un teléfono rojo», presumía el alcalde ante las dudas de Bustinduy.

En tercer lugar, el PP de Granada han acusado a fiscales de Granada de actuar al dictado del PSOE, instigador de la persecución del ministerio público a cargos del PP. La denuncia partió del ex alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado, recién absuelto por el TSJA de falsedad documental, omisión de la persecución del delito y prevaricación que, según la fiscalía, había cometido el dirigente popular en su etapa de regidor al permitir una edificación ilegal. Lamentablemente para el fiscal, el juzgado de lo penal número uno de Granada exculpó a Maldonado.

Naturalmente, el ex alcalde expuso ayer que el fiscal se ha sobrepasado en sus funciones al recurrir. El ministerio público, que pedía cuatro años de cárcel para el ex alcalde, ya se había cobrado una pieza civil, pero en opinión del dirigente del PP también quería cobrarse un trofeo político. La secretaria general del PP granadino, Luisa García Chamorro, acusó al PSOE de perseguir a los cargos públicos populares con todos los medios a su alcance, «ministerio fiscal incluido». Chamorro exigió a los dirigentes socialistas que pidan disculpas a Maldonado y públicas a su partido tras la inequívoca sentencia del TSJA, que asume la resolución del juzgado.

En cuarto lugar, el PSOE de Almería anunció ayer, en la sede provincial del partido y en primicia informativa, que la Fiscalía ha imputado al alcalde de Sorbas y portavoz del Partido Popular en la Diputación, José Fernández, por un delito de prevaricación. Pero lo extraordinario es que el PSOE hacía pública la noticia antes incluso de que el propio afectado la conociera, según denunció luego el PP. En el anuncio iba incluida la petición del fiscal de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por autorizar la construcción de tres viviendas sobre suelo no urbanizable y protegido de Sierra de Cabrera.

Al margen de esta imputación, la sorpresa e inquietud para el Partido Popular se produce por lo que considera otra posible utilización de la Fiscalía por parte del Partido Socialista, que ha dado a conocer una acusación que hasta el momento desconocía el propio afectado. El portavoz del PP de Almería, Francisco Góngora, deduce que la información facilitada por el PSOE «induce a pensar que no se están respetando las garantías procesales», y por lo tanto el PSOE estaría utilizando de nuevo a la Fiscalía en beneficio propio. «Mientras Fernández aún no sabe nada, los socialistas ya disponen del escrito de acusación», denunció el PP.