Hubo, además, cuatro recusaciones contra magistrados del Tribunal que paralizaron el procedimiento hasta que fueron resueltas, lo que ocurrió en abril de 2007. Tres fueron rechazadas y sólo fue estimada la que el PP presentó contra Pablo Pérez Tremps, por lo que quedó excluido de las deliberaciones del recurso interpuesto por este partido. Una recusación que el gobierno catalán nunca aceptó y que ha intentado anular hasta hace escasos días.
En un primer momento, el Constitucional justificó esta recusación porque "resultaría contrario a lo razonable negar la existencia de una intervención indirecta" de éste en la elaboración de la reforma estatutaria. El motivo para apartar a Pérez Tremps de las deliberaciones fue un estudio que el magistrado realizó en 2003 por encargo de una institución catalana que asesoró sobre la reforma estatutaria, y por el que cobró 6.000 euros. Para el TC esto supuso una "toma de postura" acerca de los límites constitucionales sobre la asunción de competencias por Generalidad, "lo que constituye un elemento objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca de la imparcialidad con la que el magistrado recusado está en condiciones de abordar el enjuiciamiento de la norma impugnada".
La semana pasada el Alto Tribunal rechazó anular esta recusación porque la "decisión es firme e irrecurrible".
Por su parte, desde la interposición del recurso del PP en julio de 2006 y tras resolver las recusaciones contra magistrados y diversas incidencias procesales, fue en el año 2008 cuando el Tribunal comenzó las deliberaciones sobre el preámbulo y los más de cien artículos con alrededor de doscientos preceptos impugnados.
En coincidencia con la tramitación de los recursos, el 26 de mayo de 2007 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que permitió la prórroga del mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.
Además, tras la recusación de Pérez Tremps en febrero de 2007 y el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo en mayo de 2008, son diez los miembros del tribunal que han resuelto el recurso planteado por el Partido Popular.
Los siete recursos presentados ante el TC por orden cronológico son los siguientes:
1º) El 31 de julio de 2006 el Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad por entender que se trata de "una Constitución paralela".
Impugna diversos apartados de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del Estatuto, que, en opinión de los populares, "quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna".
El 28 de septiembre el Tribunal comunicó la admisión a trámite del recurso, según providencia aprobada el día anterior.
Ponente: Elisa Pérez Vera.
2º) El 19 de septiembre de 2006 el Defensor del Pueblo presentó un recurso contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, referido a siete aspectos: derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional.
El 11 de octubre se hizo pública la admisión a trámite del recurso, según acordó el tribunal el día anterior.
En noviembre, Parlamento y Generalidad solicitaron la acumulación de los recursos presentados en cuanto a su tramitación y decisión final, que más tarde fue ampliada a los otros recursos interpuestos por algunas autonomías. El 28 de mayo de 2007 el TC rechazó acumular en uno todos los procesos.
El recurso del Defensor del Pueblo dio lugar a una iniciativa parlamentaria de IU-ICV de reprobación y cese de Enrique Múgica, que fue rechazada en febrero de 2007.
Ponente: Pascual Sala Sánchez.
3º) El 25 de septiembre de 2006 el Gobierno de Murcia recurrió varios aspectos del artículo 117 del Estatuto, relativo al agua y las obras hidráulicas.
Murcia rechaza que se otorguen a la Generalidad plenos poderes para fijar el caudal ecológico del río Ebro que discurre por nueve comunidades autónomas.
El TC admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.
4º) El 11 de octubre de 2006 el Gobierno de La Rioja interpuso recurso contra doce artículos, siete disposiciones adicionales y una final, relacionados con la gestión del agua, denominaciones de origen supracomunitarias, sistema de financiación, y el principio de bilateralidad en las relaciones Estado-Generalidad.
El TC admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.
5º) El 19 de octubre de 2006 el Gobierno de Aragón, recurrió una disposición adicional, referente al Archivo de la Corona de Aragón.
El Gobierno aragonés, única comunidad gobernada por el PSOE que ha recurrido el texto catalán, entiende que el Archivo de la Corona de Aragón -ubicado en Barcelona- es un ente indivisible que debe ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas -Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia- y el Gobierno central y que la regulación del estatuto catalán modifica las competencias del aragonés en esa materia.
El 14 de noviembre el TC hizo pública la admisión a trámite del recurso, según providencia aprobada el 8 de noviembre.
6º) El 19 de octubre de 2006 la Generalidad Valenciana recurrió aspectos relativos al Archivo de la Corona y los recursos hídricos, así como el modelo de financiación incorporado al Estatuto por entender que "atenta" contra la solidaridad entre autonomías.
El 14 de noviembre el TC hizo pública su admisión a trámite, según providencia aprobada el 8 de noviembre.
7º) El 20 de octubre de 2006 el Gobierno balear recurrió el Estatuto por considerar que contraviene la Constitución en lo referente al Archivo de la Corona de Aragón. Denuncia que "se apropia indebidamente" de este Archivo sobre el que los ciudadanos de las islas tienen "unos derechos históricos irrenunciables".
El 14 de noviembre el TC hizo pública su admisión a trámite, según providencia aprobada por el Tribunal el 8 de noviembre.
Antes de la aprobación del Estatuto, el 2 de noviembre de 2005 el PP interpuso un recurso de amparo ante el TC contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar el texto como una reforma estatutaria, al entender que el procedimiento acordado suponía un "fraude constitucional", ya que se producía un cambio en la Constitución. Pero el 15 de marzo de 2006 el Tribunal notificó que no admitía a trámite este recurso.
Recurso del PP
El recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña se presentó ante el Tribunal Constitucional el 31 de julio de 2006, al mes siguiente de que fuera ratificado en referéndum por los catalanes y nueve días antes de que entrara en vigor.
La decisión adoptada por el Tribunal con relación al recurso del PP marcará las pautas de los otros seis que interpusieron posteriormente contra el texto catalán el Defensor del Pueblo y los gobiernos de las comunidades de Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.
Los populares entienden que el Estatuto es una "Constitución paralela" y quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles. En el recurso, firmado por más de cien diputados del PP, se impugnaban diversos apartados e incisos de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales.
El PP planteó además la recusación de Pablo Pérez-Tremps por haber colaborado en los análisis previos a la redacción del Estatuto, petición que fue estimada por el Tribunal, que apartó al magistrado de las deliberaciones. Por otro lado, el bloqueo en la renovación del intérprete, por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE, también ha lastrado la resolución sobre el Estatuto.
Actualmente y desde diciembre de 2007, cuatro de los doce magistrados del Alto Tribunal están en funciones, entre ellos su presidenta, María Emilia Casas, y su vicepresidente, Guillermo Jiménez. Tampoco se ha cubierto la vacante de Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008, lo que dejó reducido a diez el número de magistrados encargados de resolver sobre el Estatuto.
En coincidencia con la tramitación del recurso, la entrada en vigor en mayo de 2007 de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que permitió prorrogar el mandato de la presidenta y el vicepresidente, complicó aún más la situación al interponer el PP un recurso contra el texto ante el propio Tribunal Constitucional, que fue rechazado en abril de 2008.
Después de resolver las recusaciones y otras incidencias procesales, el Tribunal comenzó las deliberaciones sobre la constitucionalidad del texto a principios de 2008.
La magistrada encargada de elaborar la ponencia, Elisa Pérez Vera, llegó a plantear al menos cuatro borradores de resolución hasta lograr los apoyos suficientes entre los magistrados para emitir una sentencia definitiva.
La tardanza en dictar sentencia ha venido acompañada de una fuerte polémica que llevó, en otoño de 2009, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir "calma" al confiar en un fallo razonable, mientras que el presidente de la Generalitat, José Montilla, subrayaba la "voluntad insobornable" de Cataluña de desarrollar el Estatuto y los partidos que forman el tripartito y CiU alertaban de las graves consecuencias que conllevaría recortar el texto. A su vez, el líder del PP, Mariano Rajoy, instó a "respetar las reglas del juego".
El 26 de noviembre de 2009, en una iniciativa inédita, doce diarios catalanes publicaron un editorial conjunto, titulado "La dignidad de Catalunya", en defensa del Estatuto, que recibió una ola de adhesiones de la sociedad política, civil y económica catalana, mientras que Rodríguez Zapatero afirmó que "respetaba" la libertad de expresión y Rajoy se limitó a decir que "cada uno puede opinar lo que quiera".
Mientras tanto, durante los más de tres años y medio que lleva vigente el Estatuto, Cataluña ha desplegado el texto estatutario y el Parlamento ha aprobado más de una treintena de leyes, entre las que destacan algunas como la Ley de Creación de la Agencia Tributaria o la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias.
También, mientras se esperaba la resolución del Constitucional, el Gobierno central y el catalán han pactado el nuevo modelo de financiación y han cerrado traspasos de competencias como el servicio de Cercanías de Renfe.
Recusaciones de magistrados del Tribunal Constitucional con relación a los recursos presentados.
- El 2 de noviembre de 2005 el PP presentó recurso de amparo contra la tramitación parlamentaria del Estatuto como reforma estatutaria y pidió la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, por su supuesta participación como asesor de los grupos del Parlamento catalán en la fase inicial del debate.
El 24 de enero de 2006 el Tribunal desestimó la recusación de Pérez Tremps en este recurso, que finalmente no fue admitido a trámite.
- El 31 de julio de 2006 el PP presentó un escrito de recusación del magistrado Pablo Pérez-Tremps por haber colaborado en los análisis previos a la redacción del Estatuto.
-El 5 de febrero de 2007 el pleno del Tribunal aceptó, por seis votos contra cinco, la recusación del magistrado.
-Contra esta decisión, el 21 de febrero la Generalidad presentó un recurso de súplica, que fue rechazado por el Tribunal el 21 de marzo.
- El 2 de noviembre de 2006 el PP planteó la recusación de la presidenta del TC, María Emilia Casas, con el argumento de que su esposo, Jesús Leguina Villa, elaboró por encargo de la Generalitat un dictamen que sirvió de base para redactar el Estatuto. El mismo día de su presentación el TC rechazó por unanimidad la recusación.
- En octubre de 2006 la Generalidad de Cataluña planteó la recusación del magistrado Roberto García Calvo en relación con la tramitación del recurso del PP, por "falta de imparcialidad" en el asunto.
Fue rechazada por el TC el 7 de noviembre de 2006.
- El 2 de marzo de 2007 la Generalidad pidió la recusación del magistrado Jorge Rodríguez Zapata por la elaboración de un estudio sobre temas relacionados con el Estatuto, encargado por una fundación privada antes del inicio del proceso de reforma.
-El 7 de marzo el TC rechazó de plano la recusación del magistrado en relación con el recurso planteado por el PP. El 15 de marzo la Generalidad interpuso recurso de súplica, que fue rechazado por el TC el 19 de abril.