La Asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra la actuación de Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes— por su ejercicio en el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. La hermana de Óscar Puente dictó la instrucción, a juicio del querellante de forma falaz, de la norma que posteriormente ha dado pie a la obtención de la nacionalidad de extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa.
La Ley de Nietos fue impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, lo que ahora ha generado hasta dos denuncias interpuestas ante la Junta Electoral Central (JEC) por estar supuestamente manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España. La mayoría de estas personas residen en países como México, Cuba o Argentina.
En este marco, la asociación considera que se produjo un fraude de ley al transferir la norma desde su aprobación en el Congreso hasta hacerla patente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La clave estaría en varios cambios semánticos que permitían que se acogieran a la norma no solo los represaliados del franquismo o de la Guerra Civil por cuestiones ideológicas, sino también todos aquellos que perdieron la nacionalidad por abandonar el país fuese por el motivo que fuese. La responsable de este cambio semántico, según la querella, sería Sofía Puente, que firmó la publicación en el BOE.
Con estos cambios semánticos, la hermana del dirigente socialista habría conseguido "centenares de miles de concesiones de nacionalidad española al amparo de una norma cuyo presupuesto no concurría, y la alteración del Censo Electoral de Residentes Ausentes con incidencia verificada sobre la composición del Congreso de los Diputados". "La injusticia material no es hipotética ni potencial: está documentada y cuantificada. Concurre, pues, con holgura el resultado materialmente injusto exigido por la doctrina del Tribunal Supremo", argumenta la asociación.
En concreto, aseguran que la norma aprobada por el Congreso "exigía la acreditación del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual"; mientras que "la Instrucción suprimió esa exigencia y la sustituyó por una presunción material vinculada a la mera circunstancia cronológica de haber salido del territorio español entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". "La operación así desplegada es de la mayor gravedad jurídica. La Instrucción no flexibiliza un medio de prueba, ni distribuye una carga procesal; altera el objeto mismo de la prueba", aseveran desde Hazte Oír atribuyendo a la ya ex alto cargo del Ministerio de Justicia —dejó el cargo en noviembre de 2023— mala fe.
Así, defienden que Puente produjo un "desplazamiento del objeto de prueba" sustituyendo el presupuesto normativo establecido por el Parlamento, lo que recaería en un delito de prevaricación administrativa: "Ni los reglamentos del Gobierno, ni las órdenes ministeriales, ni mucho menos las instrucciones internas de un órgano directivo del Ministerio de Justicia pueden modificar el ordenamiento. Pueden, en su caso, ordenar la tramitación administrativa o esclarecer dudas interpretativas que la propia norma deje, pero en ningún caso desplazar el presupuesto que el legislador ha establecido".
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