L D (Europa Press) La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado a declarar para el próximo viernes como testigos a los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique en relación al informe que realizaron que vinculaba a ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los procesados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y en un registro a un miembro de ETA, informaron fuentes jurídicas.
La citación obedece a una de las diligencias que solicitaron a la juez Gallego los mandos de la Policía Científica imputados en esta causa, después de que se reabriese el pasado día 4, al estimar parcialmente el recurso de los jefes policiales contra su imputación por los delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio por haber manipulado el informe.
El abogado de los jefes policiales, José Antonio Choclán, subrayó en su escrito de petición de diligencias que "no tuvo oportunidad de interrogar a los peritos utilizados como prueba de cargo", puesto que el secreto del sumario que pesaba sobre las actuaciones impidió que la defensa estuviera presente en el interrogatorio de Escribano y Cidad, que tuvo lugar el pasado 6 de octubre. En cuanto al perito Manrique, que no llegó entonces a declarar, el letrado afirmó que tuvo "conocimiento directo" de los hechos y aseguró que fue uno de los que firmó el borrador del informe de 21 de marzo de 2005. Además, sostuvo que su testimonio es "necesario" para aclarar las circunstancias que rodearon la devolución del borrador del informe a Escribano por parte de Ramírez.
El abogado Choclán también insistió en que "la circunstancia" de que se haya dejado sin efecto la imputación que acordó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se inhibió de la investigación a favor de los juzgados ordinarios, contra los peritos permitiría "una mayor garantía de veracidad en su testimonio".
En su escrito, la defensa pidió a la juez otras diligencias, sobre las que aún no se ha pronunciado, como que tomase declaración como testigo al secretario general de la Comisaría de Información, José María Calle Leal, para que sea interrogado sobre el oficio de muestras que se remitió al Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, en cuanto a su alcance y encargo realizado a este servicio. También solicitó la comparecencia como testigos del policía Mario Rica Matea, del agente Alfonso Vega García, experto en explosivos, así como la declaración del inspector Javier Herrera Martínez, que participó en la análisis de las muestras.
Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, personada como acusación popular, pidió que incluya en la causa la hoja de antecedentes penales de todos los imputados, así como un informe pericial de la Policía Científica que aclare si Ramírez firmó sólo el informe y, si es así, si lo había hecho en ocasiones anteriores.
La juez de instrucción concedió el día 4 un plazo de siete días a las partes para solicitar nuevas diligencias a practicar, después de que hubiese reabierto la investigación al estimar parcialmente el recurso de los mandos policiales contra el auto, del 10 de noviembre, que transformó las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral.
En su auto, acordó conceder este plazo a las partes, argumentando su decisión "a efectos de salvaguardar los principios de conservación de los actos judiciales y el de la economía procesal en evitación de que un simple defecto formal que pudiera en su caso provocar la nulidad de parte de las actuaciones".
La defensa de los policías planteó en su recurso la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y efectiva indefensión, al considerar que la juez no respetó en su auto de transformación el plazo de diez días que establece el artículo 302 de la Ley de Enjuicimiento Criminal (LEC) entre que se levanta el secreto del sumario y la conclusión de las diligencias.