L D (EFE) Trece días después de que finalizara el juicio seguido contra el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información (R.R.), un inspector jefe (J.F.) y otro inspector (J.L.G.) por delitos de detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones, Hidalgo comunicará a las partes la resolución dictada, a las doce y media de la mañana.
En este caso, la Fiscalía de Madrid no acusó a ninguno de los tres agentes procesados al estimar que los hechos que ocurrieron durante la manifestación organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el 22 de enero de 2005, no son constitutivos de delito, aunque en la última sesión del juicio admitió que sí hubo detención pero la consideró "justificada" y que no respondió a ningún "credo político". Sin embargo, el PP, que ejercía la acusación en nombre de los dos militantes de Las Rozas (Madrid), Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, y del secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, solicitó penas de entre 10 y 4 años de cárcel y de entre 11 y 3 años de inhabilitación especial para los acusados.
Durante las cinco sesiones que duró la vista oral, el abogado del PP, Juan Ramón Montero, aseguró que detrás de este juicio "ha habido mucho más de lo que se ha visto" y consideró que no sólo se han esclarecido los hechos sino que se ha puesto de manifiesto que "todo fue una manipulación y una alteración de la realidad".
Por su parte, todas las defensas, tanto la ejercida por el abogado del Estado en representación del inspector jefe como las de los otros dos agentes negaron la existencia de detenciones, y el primero de éstos aseguró que se dieron los requisitos y se respetaron las garantías. En cuanto al delito de falsedad documental, el abogado del Estado recordó que su patrocinado (J.F.) siempre fue el instructor de las diligencias (el PP le acusa de figurar como tal y en realidad no serlo), independientemente de que delegara alguna de éstas en un subordinado.
En la última sesión, el comisario R.R., en su turno de última palabra, se mostró visiblemente emocionado mientras recordó que durante los más de veinte años que lleva como policía "siempre" ha actuado con profesionalidad y jamás ha "recibido ninguna injerencia política", así como que nunca tuvo "intención de delinquir". El inspector jefe, durante su interrogatorio, hizo hincapié en la legalidad de todas las actuaciones policiales desarrolladas a raíz de la manifestación y destacó que cuando los dos militantes del PP acudieron a la Brigada "estaban en situación de absoluta libertad y voluntariedad". Por su parte, el presidente del tribunal, Miguel Hidalgo, demostró un gran conocimiento de la causa y en la vista puso de manifiesto algunas irregularidades en la investigación.