La próxima podría ser que ante un mismo hecho delictivo, la pena a aplicar sea más grave si el autor es de derecha que si es de izquierda; si es español que si es extranjero (este caso ya está solventado con la agravante de xenofobia)...
¿Qué el Tribunal Constitucional, el CGPJ, etc., no están politizados? ¡Por supuesto que no! ¿A qué descerebrado se le ha podido ocurrir tal cosa? Son órganos que actúan con absoluta independencia e imparcialidad, of course.
El TC ya ha hecho una nueva interpretación del art. 14 de la CE, que consagra como derecho fundamental la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, al declarar constitucional que ante un mismo hecho delictivo, la pena a aplicar sea más dura si el autor es hombre que si es mujer.
La afirmación de una nueva interpretación de la Constitución encierra el delito de prevaricación dolosa, los tribunales de justicia tienen el deber de interpretar la ley respetando el espíritu de la ley, de forma que la interpretación se ajuste a lo que los legisladores pensaron en su día, cualquier interpretación contraria se trata de una interpretación torticera y traicionera del espíritu de la ley, o alguien se imagina que los artículos sobre igualdad ante la ley se utilizasen en un interpretación novedosa para tratar a los culpables e inocentes de la misma forma. Sólamente la progresía sectaria se cree capacitada para reinterpretar las leyes a su conveniencia e imponer sus interpretaciones falsas y torticeras. Además el TC debe respetar las sentencias anteriores e intentar que las interpretaciones sean coherentes entre si, algo que no hacen porque saben que entonces el Estatut debería ser declarado inconstitucional, además se encuentran con un problema añadido, el estatut para poderse hallar en vigor debe ser refrendado en referéndum, en el momento que cualquier artículo deba ser modificado no puede estar en vigor porque incumple esa condición, ya que el referéndum aprueba un conjunto, cualquier cambio obliga a someterlo a nuevo referéndum, por lo que el plazo entre la sentencia del TC y la supuesta nueva aprobación presenta una laguna legal de legitimidad.